Por primera vez en la historia, Turquía celebra la segunda vuelta de unas elecciones cruciales en las que se decidirá quién será el nuevo presidente del país. Los favoritos son el actual mandatario, Recep Tayyip Erdogan, y el opositor Kemal Kilicdaroglu. El 14 de mayo, ninguno de los candidatos alcanzó el umbral requerido del 50%.
La votación se prolongará hasta las 17:00 horas. Los turcos residentes en el extranjero ya emitieron sus votos en los días previos. El Consejo Supremo Electoral (YSK, por sus siglas en turco) dará a conocer los resultados del escrutinio preliminar varias horas después del cierre de las urnas.
Según el diario Hürriyet, un total de 596.765 personas entre policías, gendarmes, agentes de otros cuerpos de seguridad y guardias voluntarios velarán por el mantenimiento del orden durante esta jornada electoral. El dispositivo de seguridad incluye 73 helicópteros, 8 aviones, 61 drones y 244 lanchas rápidas.
En la primera ronda de las elecciones turcas, Recep Tayyip Erdogan obtuvo el 49,24% de los votos, Kemal Kilicdaroglu recibió el 45,07%, el nacionalista Sinan Ogan del bloque Ata Ittifaki logró el 5,28%, y el líder del partido Memleket, Muharrem Ince, quien anunció la retirada de su candidatura tres días antes de las elecciones, consiguió el 0,41%.
Leer también: Consejo Universitario de la UCV crea Comisión Técnica para supervisar el nuevo cronograma electoral
En las elecciones a la Gran Asamblea Nacional o Parlamento, la Alianza Popular, encabezada por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, obtuvo la mayoría con 323 escaños de un total de 600. Mientras que la Alianza de la Nación, liderada por el Partido Republicano del Pueblo de Kilicdaroglu, recibió 212 escaños en el próximo Parlamento.
Las elecciones se celebraban en medio de una crisis económica que los críticos atribuyen a la mala gestión del Gobierno y a una difícil crisis del costo de vida. Turquía también se está recuperando de dos poderosos terremotos que causó destrozos en 11 provincias sureñas en febrero y dejó a más de 50.000 víctimas mortales que vivían en edificios inseguros. El Gobierno fue criticado por su lenta e insuficiente respuesta al desastre, así como por la suave aplicación de las normas de edificación que aumentó los efectos de los sismos.
Con información de: Globovisión
