“Fui un gerente exitoso hasta que decidí emprender mi transición”, revela Sam Marín, quien conoció las mieles del éxito en el área de la publicidad y el mercadeo mientras era identificado como una mujer emprendedora. Cuando el hombre de 42 años decidió ser coherente con sus sentimientos empezó el calvario económico. Hoy, solo le queda el taxi y el comercio informal.
Ahora se prepara como coach motivador, porque se resiste a quedar en el pasado, se niega a pagar el alto costo que le impone la felicidad, rechaza que su orientación sexual condicione su desarrollo económico laboral y que su capacidad intelectual se vea eclipsada por sus intereses personales, por eso exige su derecho a una identidad que refleje su realidad y que no lo exponga al escarnio público ni a explicaciones innecesarias a terceras personas.
“Cuando por fin me siento libre, auténtico, soy castrado por la sociedad. He tenido que reinventarme para poder seguir adelante. Es duro ser etiquetado constantemente. Es increíble la incomodidad tan grande que se genera solo por querer vivir, simplemente ser igual que los demás, libres de ser libres de estar”, afirma el profesional ahora prestado al volante, tras no ser aceptado como una opción respetable en el mercado laboral formal.
Así como Marín se encuentra un grupo importante de personas transgéneros en Venezuela, quienes ven subyugados sus derechos humanos ante la indiferencia de las autoridades civiles, quienes aún disponiendo de un cuadro legal al que adherirse —discutido y sancionado por una Asamblea Nacional mayoritariamente oficialista—, todavía no han tenido el valor de tomar las acciones pertinentes, según denuncian.
Diversos activistas en materia Lgbti explican que en el 2010 se modificó el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, dando pie al cambio de identidad de las personas trans, permitiendo que las mismas asuman formalmente el nombre con el cual se sientan identificadas, sin embargo, transcurridos siete años todavía no se ha efectuado el primer cambio de nombre.
Quiteria Franco, profesora universitaria y coordinadora de Unión Afirmativa, rechazó la actuación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes —a su parecer— están subyugando los derechos civiles de las personas trans, a pesar de que existe un texto legal que avala la solicitud de los miembros de este grupo social.
El artículo 146 reza: “Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.
En este sentido, la especialista asegura que la discriminación de las personas transgéneros solo aporta mayores cargas económicas al Estado nacional, en vista de que su no reconocimiento genera abandono de puestos de trabajo, de aulas educativas y obligan a la mendicidad, al área informal de la economía.
“En los actuales momentos no es mucho lo que se puede hacer en materia de legislación, por eso emprendimos la campaña #StopTransfobia en busca de ejercer presión para que lo señalado en ese artículo se cumpla, se reconozca un derecho. También se entregaron varios miles de firmas al CNE”, aseguró Franco. Sin embargo, indicó: “no hubo disposición de escucharnos”.
La diputada de Voluntad Popular Tamara Adrián indicó que —de acuerdo con las interpretaciones oficiales— los cambios solo se pueden producir si una persona nacida con pene fue registrada con el nombre de niña, o si una persona nacida con vagina recibió nombre de niño. “Los legisladores escogieron con pinzas las palabras para que por ningún lado saliera la palabra trans y no alarmar”, afirmó la parlamentaria.
Según indicó, el proceder de las autoridades obedece a que —según ellos— el cambio en el articulado no favorece a la comunidad trans, porque “ven género como sexo, por eso no han permitido ningún cambio”. Adrián recordó que en todos los países latinoamericanos se puede proceder a un cambio de nombre sin ningún inconveniente.
En la actualidad, hay dos acciones intentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia. El caso de la diputada Adrián, causa admitida después de 12 años, y la de cinco personas trans, representadas por la organización civil Venezuela Igualitaria. En este caso, el TSJ dio ingreso al expediente, pero exigió a cada uno de los querellantes que inicien acciones en solitario ante el Estado.
Mientras la situación de la identidad de género se sigue “discutiendo” en los interines de los pasillos legales, miembros del grupo minoritario padecen humillaciones, vejaciones y señalizaciones indebidas cada vez que alguien, funcionario o no, les solicita la cédula de identidad para cualquier formalidad.
Acciones comunes como comprar en supermercados o farmacias se han vuelto un karma para Alejandro Hidalgo, quien —luego de vivir varias situaciones humillantes— optó por comprar “bachaqueado”, lo cual merma su economía. Cuando requiere medicamentos tiende a apoyarse en amigos y familiares, evita sobremanera los cursos formales para realizar compras.
“Algo tan trivial como comprar, se vuelve incómodo. Me canso de tener que explicar, de tener que justificar. No tengo por qué hacerlo. Como ser humano que soy tengo derechos que tienen que ser reconocidos. Es una lucha diaria y, a veces, cansa, desgasta”, se lamenta.
Por su parte, Sebastián Abreu, afirma: “No tienes ni idea de lo humillante que resulta que te llamen por el nombre de tu cédula”. Reconoce que pocas veces ha sido molestado por su transexualidad, pero recientemente vivió una situación muy incómoda al ser requerido en un punto de control cuando viajaba en transporte público.
“Venía de Maracaibo hacia Caracas, en el trayecto nos pararon y la guardia nacional pidió que bajaran los hombres y entregáramos las cédulas. Yo bajé con el grupo, cuando entregué mi cédula y se dieron cuenta que mi apariencia no se correspondía con la identidad reflejada en el documento empezó el cuchicheo entre ellos, las risas, los señalamientos, dijeron a viva voz mi nombre para que los demás se dieran cuenta que era una persona trans y, al final, me dejaron solo, todos ya habían subido y ellos no me devolvían mi documento. Pensé que no me la entregarían, que me iban a detener, me pasaron muchas cosas por la cabeza”, relata Abreu, quien desde hace años decidió ser sincero consigo mismo y asumir su identidad sexual sin estigmatizaciones.
Situaciones similares ha vivido Crismar, mujer trans de 37 años, quien desde los 17 fue diagnosticada como paciente 0 positivo, desde entonces ha tenido que sortear burlas y comentarios de mal gusto en las instituciones públicas de salud a las que ha recurrido en busca del tratamiento que necesita para sobrevivir. Rechaza el cuestionamiento al que es sometida por una decisión personal que “siempre conoció y asumió”.
Solo pide que el ser humano promulgue los preceptos católicos que dice respetar para en verdad vivir en paz, sobretodo aquel que reza:“Ama al prójimo como te amas a ti mismo”. Asegura que solo ese día su vida tendrá calma y cesaran las humillaciones.
