La periodista dominicana Nuria Piera acusó a una mujer venezolana de ejercer la medicina en esa isla caribeña a pesar de no poseer un título universitario en el área.
Así lo ventiló Piera en uno de sus últimos reportajes, el cual estuvo acompañado de un video donde la periodista confronta a la supuesta doctora.
La mujer fue identificada como Karla María Moya Boada, quien junto a Ignacio Olivares González, figura en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como titular del consultorio Ki Centro Médico Integral del Caribe.
Dicho consultorio funciona desde 2011 donde ofrece “servicios médicos estéticos, faciales y corporales”. No obstante, no posee registro mercantil y no está matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos.
Sin embargo, esto no es lo más grave según lo expuesto por la periodista. En su perfil de Instagram Moya Boada se identifica como “especialista en retiro de biopolímero facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde láser de rejuvenecimiento, estética intima, relleno de labios hasta aumento del punto G”.
Otro de los servicios que presta es laserlipólisis, un procedimiento que consiste en una liposucción asistida por láser, el cual no debe hacerlo un médico estético, según la presidenta de la Sociedad de Medicina Estética, Nathalie Díaz Lazala
“Nosotros (los médicos estéticos) hacemos procedimientos mínimamente invasivos y ya estamos hablando de un procedimiento invasivo. Entonces, eso es un procedimiento que ofrecen los cirujanos plásticos”.
¿Que dice la legislación dominicana?
Las leyes son muy claras sobre los requisitos para ejercer esta especialidad en República Dominicana. Debe ser egresado de medicina, un mínimo de dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica. El mismo debe estar respaldado por una escuela nacional o extranjera, aceptada por los organismos dominicanos. En el caso de los extranjeros, deben homologar y revalidar sus títulos. Incluso cursar materias adicionales, en caso de que las autoridades lo consideren necesario.
En el caso de esta supuesta doctora venezolana, Piera comprobó que en las paredes de su consultorio exhibe un certificado de 2018 otorgado por una casa comercial que establece que la presunta profesional de la medicina completó un curso de técnicas de rejuvenecimiento facial cuyo marco curiosamente tapa el número de horas que duró la capacitación.
También tiene colgado otro certificado del vigésimo Tercer Congreso de la Federación Ibero latinoamericana de Cirugía Plástica, realizado en Punta Cana, del 21 al 24 de septiembre de 2021. Este la acredita como asistente a dicha actividad. Incluso en sus redes sociales tiene fotos de su participación en el mismo.
Curiosamente no está enmarcado en su consultorio el título que la certifica como médico cirujano. Tampoco el que aparece en sus redes sociales sobre un supuesto postgrado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en cirugía plástica reconstructiva.
Sus títulos no figuran en los libros de egresados de la universidad
Curiosamente, ni el título de médico cirujano de la UCV, de fecha 20 de julio de 2008, ni el de postgrado, figuran en los libros de egresados de la casa de estudio.
Como si esto fuera poco, esta supuesta profesional venezolana tampoco está colegiada en el Colegio Médico Dominicano ni posee exequatur.
Al ser sorprendida por la periodista Nuria Piera, la supuesta doctora dijo que estudió en Venezuela y que su título se encontraba en el Mesyct.
Al contactar al MESCYT, indicaron que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Además, el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era legible, entre otras anomalías que hacían dudar de la autenticidad de los documentos. Por lo que solicitaron más requisitos, los cuales no presentó, y el proceso quedó inactivo.
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¿Abogada graduada?
Según la investigación de la periodista dominicana Maya Boada está más cerca de ser abogada que doctora o cirujana plástica. En un recurso de apelación de 2016 emitido por la Corte de Apelaciones Uno de Venezuela se identifica a Karla María Moya Boada como abogada de uno de los imputados.
Al ser consultada por Piera al respecto, la venezolana se paró de su asiento y dio por terminada su entrevista.
Luego de la visita, inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública acudieron al centro este viernes y dispusieron su cierre. Se ordenó por violación a la Ley General de Salud 42-01.
Con información de Agencias
