El superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde), William Contreras, destacó que este viernes se realizará una reunión con representantes de 26 cadenas de supermercados, con el objetivo de velar que comercialicen los productos a precios justos.
Durante un encuentro este miércoles en Caracas con representantes de las industrias públicas y privadas vinculadas a los rubros azúcar, aceite y oleaginosas, destacó que se inició un proceso de supervisión de todas las empresas que representan el 80% de la distribución en el país.
“Haremos que se cumpla el marcaje de precios, porque muchos supermercados denunciaban que algunas empresas no cumplían con esta medida”, dijo.
Además, se comenzará una inspección más exhaustiva de la cadena de producción, distribución y comercialización. “Es volver al equilibrio, rescatarlo. Garantizar la estabilidad de precios para el consumidor”, dijo.
Señaló que la Sundde verificará si efectivamente se está cumpliendo con los parámetros de normas de contabilidad, márgenes comerciales y marcaje de precios.
Explicó que “el precio máximo de venta al público es un mecanismo donde el que fija los precios es la empresa, en este caso, la que lo produce o la que exportan los productos”, señaló
Desde el año pasado, el Ejecutivo Nacional debate en mesas de trabajo junto al sector privado la fijación acordada de precios de rubros de consumo masivo, como medida para enfrentar la especulación. Para reforzar este mecanismo, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley de Precios Acordados propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, explicó que el Ejecutivo tomó esta medida luego de detectar que al menos 6.500 productos sufrieron un incremento injustificado de 10 a 10.000% en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018.
Al respecto, el superintendente Contreras alertó que esta “ponderación” en los precios de los rubros esenciales generó una violación a la estructura de costos.
“Estamos pasando por un proceso de boicot y desestabilización a la economía en nuestro país. Luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, realiza el incremento salarial se elevaron todos los precios“, añadió.
Reiteró a los empresarios presentes en la reunión, que la ley establece que las personas que incurran en los delitos de especulación y usura tendrán una pena máxima de ocho años de cárcel, pero como se evidencia un claro boicot a la economía nacional, la medida podría extenderse a 15 años de prisión.
Información de: AVC
