En un establecimiento de venta de víveres y verduras, ubicado en la avenida Florencio Jiménez a la altura de Santa Rosalía, en el oeste de Barquisimeto, fue localizada una gran cantidad de alimentos y artículos de higiene personal.
A las 3:00 de la tarde de este miércoles, un equipo de inteligencia de los diversos órganos de seguridad del estado Lara, llegó al local para realizar la inspección. En el procedimiento, comprobaron que el comerciante árabe, no contaba con las respectivas guías y facturas del producto y también se detectó un delito económico especificado en la Ley de Precios Justos, como lo es el acaparamiento.
En el local había 416 bultos de harina de maíz, 90 bultos de pasta, 30 cajas de mayonesa, 20 cajas de mantequilla, 500 kilos de sal, varias cajas de vinagre, jabón en polvo, jabón en panela, y otros rubros. Presuntamente parte de la mercancía estaba retenida en el almacén desde el año 2017, de acuerdo a los precios impresos en los paquetes. De hecho, según testimonio de los vecinos, algunos rubros ya estaban vencidos.
El comerciante quedó detenido y los encargados del Consejo Comunal de Santa Rosalía se acercaron al sitio a fin de que se les notificara las cantidades exactas de lo incautado y se realizara el procedimiento debido, para la posterior venta al punto y círculo.
“Nosotros estuvimos aquí hasta las 11:30 de la noche, se le colocaron algunos precintos de seguridad a la mercancía y nos fuimos. Pero en la noche, la guardia comenzó a montar muchas cajas en varios carros y se los llevaron” contó Arelis Rodríguez, una de las vecinas.
Aseguran que los efectivos militares –sin autorización- sustrajeron cajas de crema dental, atún, sardinas, jabón en polvo, lavaplatos, suavizante, entre otros.
“Los funcionarios hicieron fiesta, sacaron la mercancía y la agarraron para ellos, eso no es justo porque eso le corresponde a la comunidad. Les exigimos que se haga el procedimiento como debe ser y nos dijeron que nos quedáramos tranquilos que ahí nos habían dejado la harina” reclamó Graciela Vonde, otra de las vecinas que fue testigo de lo ocurrido.
Erika Dubain exigió a la Superintendencia para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) que las actuaciones contra los “mafiosos” se hagan de la mano de los Consejos Comunales, para evitar que los policías y militares se aprovechen de situaciones como esa.
El Informador
Angélica Romero Navas
