La Policía de España liberó a cuatro mujeres de nacionalidades venezolana y dominicana que eran explotadas sexualmente por un grupo que se dedicaba a la trata de seres humanos, la explotación sexual y el tráfico de drogas.
Las autoridades informaron que durante el operativo detuvieron a tres personas en Armilla, una población que forma parte de la provincia española de Granada (sur de España).
Los detenidos sometían a las víctimas a largas jornadas de prostitución para pagar la deuda contraída por el viaje hasta España.
La denominada operación «Galán» incluyó registros domiciliarios en Armilla, en los que se descubrieron 230 gramos de cocaína, 10 de cristal, documentación relacionada con el caso y 260 euros en metálico, según el comunicado de la Policía española.
La investigación comenzó por una llamada telefónica al número de las autoridades contra la trata de personas, lo que permitió liberar en febrero a una menor extranjera de 16 años de edad y detener a seis personas.
Al continuar la investigación, se logró a las cuatro mujeres de nacionalidades venezolana y dominicana, que previamente habían sido captadas y engañadas en sus países con una oferta de trabajo falsa para trabajar como camareras y cocineras en un restaurante.
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Una vez en España, la banda las trasladó a Granada, donde les retiró el pasaporte y les exigió el pago de una deuda que rondaba los 5.000 euros (más de 6.000 dólares) por haberlas llevado al país.
El dinero debían pagarlo mediante el ejercicio de la prostitución en condiciones de «explotación absoluta», según la Policía, pues debían estar dispuestas las 24 horas de todos los días.
Además, todas las víctimas estaban sometidas a un férreo control de la organización, no les dejaban tener teléfono e incluso controlaban lo que hablaban con los clientes.
En una vivienda unifamiliar, cuyo sótano había sido habilitado para este tipo de actividades, eran obligadas también a ofrecer cocaína a los clientes. El hombre que les suministraba la droga fue identificado y detenido.
Los integrantes de la organización fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos, mientras que las cuatro víctimas fueron acogidas por una ONG.
