La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una declaración en donde asegura estar consternada por los hechos ocurridos en la sede de Policarabobo en donde fallecieron 68 personas.
El texto, publicado en su página web, insta a las autoridades a “llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y efectiva para establecer la causa de estas muertes, proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando corresponda, identificar y llevar a los responsables ante la justicia”.
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó las muertes en un “presunto incendio”, donde, según medios locales, estalló un motín durante la madrugada.
A continuación el texto completo publicado por la oficina de la ONU:
Instamos a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y efectiva para establecer la causa de estas muertes, proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando corresponda, identificar y llevar a los responsables ante la justicia.
También estamos preocupados por informes que indican que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se habían congregado frente a la estación de policía en Valencia, estado de Carabobo, para exigir información sobre sus seres queridos. Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica.
En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines.
Los Estados son los garantes de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Llamamos al Gobierno de Venezuela a que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
Llamamos a las autoridades a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional.
