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Informe revela la interminable violencia institucional que padece Argentina

Una ONG asegura que la pandemia recrudeció las políticas represivas.

Un informe revela la interminable violencia institucional que padece la república de Argentina: Una muerte cada 17 horas.

Así lo revela el informe ’30 años en las calles contra la represión’, que dio a conocer la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una respetada organización de derechos humanos que a principios de los años 90 comenzó a denunciar las historias de las víctimas y que desde 1996 presenta un reporte anual.

El documento advierte que durante los primeros dos años de la presidencia de Alberto Fernández, las fuerzas represivas provocaron la muerte de 954 personas. Hasta ahora, el récord era de Mauricio Macri, ya que durante su gestión (2015-2019), que se caracterizó por el reforzamiento de las políticas de seguridad basadas en la represión, hubo una muerte cada 18 horas. El actual Gobierno ya acortó ese lapso a pesar de que uno de sus supuestos ejes es el respeto a los derechos humanos.

Según Correpi, este incremento se explica en gran parte a que las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus alentaron la violencia institucional con detenciones arbitrarias que, en muchos casos, terminaron con la muerte de las personas que estaban bajo custodia policial.

De hecho, el 68,4% de las muertes que se incluyen en el informe se registraron en lugares de detención, ya fuera cárceles federales y provinciales, comisarías y patrulleros, lo que demuestra el endurecimiento del sistema penal.

Destacan los supuestos «suicidios» que en realidad encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos; incendios que se inician en los centros de detención como medida de protesta sin que los reclusos reciban ningún tipo de ayuda; y muertes violentas por heridas de arma blanca, que suelen ser ejecuciones encargadas por los servicios penitenciarios. Se añaden los crecientes fallecimientos en cárceles por enfermedades que nunca causarían muertes si se recibiera una mínima atención médica, como apendicitis, hepatitis, tuberculosis y diabetes; y recientemente, por covid.

En la lista también hay 209 víctimas de «gatillo fácil», es decir, de personas asesinadas por policías que tiran a matar de manera injustificada, particularmente sobre adolescentes humildes que son «sospechosos» solamente por su color de piel y su ropa. Así lo confirma el hecho de que la mayoría de las víctimas (38 %), son jóvenes de 15 a 25 años.

Uno de los casos más recientes, y que causó una conmoción social, fue el de Lucas González, un futbolista de 17 años que venía de entrenar con sus amigos y que fue asesinado por policías de la Ciudad de Buenos Aires vestidos de civil que los persiguieron en un auto sin placas.

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Violencia sin fin

A estos crímenes se suman las muertes intrafamiliares o intrafuerza (policías que agreden a familiares o entre ellos), femicidios y travesticidios, pero salir a protestar también puede costar la vida, ya que el informe documenta 11 asesinatos en movilizaciones o protestas sociales.

Los responsables del 58,1% de los crímenes son elementos del servicio penitenciario. Luego siguen policías provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Miembros de la Prefectura Naval Argentina y de empresas de seguridad privada están involucrados en seis casos.

El informe de Correpi señala que desde que Argentina recuperó la democracia y comenzó a gobernar el expresidente Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, han sido asesinadas por fuerzas estatales 8.172 personas.  

Los cuatro años de Gobierno de Macri representaron un récord, pero en realidad la violencia estatal ha permanecido más allá de la ideología de los gobiernos que han llegado al poder, sin que ninguno haya encarado una reforma policial.

Una de las controversias permanentes del actual Gobierno, por ejemplo, es la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado y más importante en términos electorales, en donde la Policía Bonaerense es sinónimo de violencia y corrupción, ya que lidera los crímenes estatales a nivel nacional, con el 54,8%.

Berni suele contradecir los posicionamientos en materia de derechos humanos y de apoyo a las víctimas que enarbolan el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández, quienes supuestamente representan gestiones progresistas ajenas al punitivismo, «mano dura» y represión que promueve el polémico ministro y que se asemeja más a las políticas impuestas durante el macrismo.

Con información de RT

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