El politólogo haitiano Joseph Harold Pierre considera que no existen condiciones mínimas de seguridad para celebrar elecciones este año.
Asimismo, Pierre destacó también que eso pondría “las bases para una guerra civil”.
Ha pasado casi un mes desde la muerte del expresidente haitiano Jovenel Moïse, quien fue torturado y asesinado en la habitación de su propia casa en Puerto Príncipe por parte de un grupo de mercenarios colombianos, y la pregunta de quién ordenó y financió el crimen sigue sin respuesta.
Pese a que hay una treintena de detenidos de varias nacionalidades, los verdaderos motivos del magnicidio siguen siendo un misterio en torno al que se multiplican las teorías de la conspiración.
Para el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre, el caso es un “rompecabezas” del que, cree, nunca se conocerá la verdad si la comunidad internacional no se involucra totalmente en la pesquisa y si no existe la voluntad de compartir y hacer público el resultado.
“La justicia haitiana no es que sea débil, es que prácticamente no existe. Tú puedes tener a una persona cuya infracción es haber robado un gallo y puede estar hasta cuatro años encarcelada antes de comparecer ante el juez”, afirma en entrevista con EL PAÍS Pierre, quien también es economista y consultor internacional.
“Sería incoherente pensar que esta justicia tenga la capacidad mínima de llevar a cabo una investigación tan compleja y con una dimensión política”.
Para este académico experto en procesos de democratización en América Latina, su país está viviendo una anarquía política y una crisis social por la inseguridad, la pandemia y la crisis económica, un caos al que se ha sumado el asesinato del expresidente.
A Moïse lo mataron de 12 balazos el 7 de julio en su residencia, donde pasaba la noche con su mujer, que resultó herida, y sus dos hijos.
Según la investigación, la operación fue perpetrada por un comando de 24 mercenarios colombianos que no encontraron ningún tipo de resistencia por parte del equipo de seguridad del presidente.
Hasta el momento, la policía ha arrestado a varios agentes, entre ellos el coordinador de seguridad del exmandatario, Jean Laguel Civil, y al jefe de seguridad del Palacio Nacional, Dimitri Hérard, además de a una veintena de mercenarios colombianos y a varios haitianos, algunos de ellos residentes en Estados Unidos y que están acusados de planificar el atentado.
“Haití más que un Estado fallido es prácticamente un Estado inexistente”, sostiene Pierre.
“La razón de ser de un Estado es darle la seguridad mínima a los ciudadanos. En Haití, el Estado no puede proveerse a sí mismo la seguridad mínima porque un presidente fue asesinado en su habitación misma”, lamenta el politólogo.
Además de la crisis de seguridad –que tiene su reflejo más visible en las bandas criminales que han sembrado el miedo con ataques, robos extorsiones y secuestros– la nación caribeña, la más pobre de la región, está sumida en una profunda depresión económica, con una crisis de tipo de cambio desde 2014.
“La depreciación es cada año de más del 25%. Actualmente es muy difícil comprar hasta 50 dólares en el mercado formal. Imagínese los empresarios que necesitan millones de dólares para sus negocios”, añade. Eso, a su juicio, contribuye al empobrecimiento de la población y aleja las inversiones extranjeras.
Además, cree que ese declive también se ha visto durante la pandemia. Pese a que Haití no ha registrado tasas de contagio especialmente altas en comparación con otros países, apunta, “no ha tenido la capacidad mínima para responder” a la emergencia sanitaria.
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Politólogo haitiano considera que no existen condiciones para celebrar elecciones
Sin condiciones para las elecciones
Ariel Henry, el hombre que asumió como primer ministro tras el asesinato de Moïse, ha prometido crear “lo antes posible” las condiciones para la celebración de elecciones libres, honestas y transparentes.
Los comicios presidenciales, legislativos y municipales están previstos para el 26 de septiembre, pero Pierre considera que una campaña política en estos momentos podría escalar aún más el conflicto en el país, puesto que los periodos electorales en Haití suelen ir acompañados de un aumento de la violencia.
“Para mí es claro que en septiembre próximo no puede haber elecciones en Haití. Eso sería poner las bases para que haya una guerra civil”, asegura el analista.
“Ahora no hay ni condiciones políticas, ni de seguridad, ni logísticas, ni constitucionales para que se celebren esas elecciones. Así, a lo único que vamos es a un fracaso que puede llevar a una guerra civil. Haití es el país más pobre de América, pero puede pasar a ser la segunda Somalia del mundo con una guerra civil”, añade.
Él propone lo que llama una “solución sociopolítica” que implicaría reunir a actores diversos —partidos políticos, sector privado, sociedad civil, universidades, iglesias y miembros de la diáspora y la prensa— en una mesa de concertación para buscar un acuerdo de mínimos. Para llegar a él, apunta, se necesitan cuatro condiciones básicas que en este momento no están garantizadas: un consenso en los puntos fundamentales entre Gobierno y oposición, unas “condiciones mínimas de seguridad”, una condición legal constitucional —que la administración electoral sea juramentada ante la Corte Suprema— y proporcionar la logística adecuada para la celebración de comicios.
Según su teoría, este proceso debería tener el acompañamiento de la comunidad internacional, un punto crítico en un país donde parte de la población achaca buena parte de sus males a la presencia extranjera en el pasado.
Un ejemplo de ello es la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) que estuvo en el país entre 2004 y 2017 para colaborar con instituciones locales en un contexto de inestabilidad política dominada por el crimen organizado, y que también tuvo que dar asistencia tras el devastador terremoto de 2010.
Pero soldados de esa fuerza fueron acusados de numerosos casos de explotación y abuso sexual y de ser responsables de un brote de cólera en el país.
Con información de El País
