El 27 de febrero de 1989, todo comenzó en Guarenas, estado Miranda, donde tuvo lugar una protesta espontánea cuando los usuarios de esa ruta interurbana fueron sorprendidos con un alza de las tarifas del pasaje, que de forma arbitraria superó el 100%. Sumado a ello estuvo el desconocimiento del beneficio estudiantil, que implicaba pagar solo la mitad del pasaje.
Aquella manifestación dejó vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinados de heridos, así lo reseñaron ese día diversos noticieros nacionales.
La protesta se propagó de forma inmediata hacia zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, El Valle, Nuevo Circo, La Hoyada, Catia y en La Guaira (estado Vargas), Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Barcelona (Anzoátegui) y Ciudad Guayana (Bolívar).
Suspenden garntías constitucionales
En la madrugada del 28 de febrero el presidente Pérez, ordena mandar a la calle al Ejército con licencia para utilizar armas de fuego. En la tarde anuncia la suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda con el fin de reprimir al pueblo insurgente.
Los derechos a la libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad individual, individual de domicilio, derecho a la reunión y a la manifestación pacífica previstos en la constitución de 1961, fueron suspendidos.
A partir de allí arreció la represión de los cuerpos de seguridad contra el pueblo en zonas populares como Petare, La Vega, Catia, El Valle, entre otros sectores.
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Mientras el país permanecía militarizado, el 1 de marzo el gobierno de Pérez firma una carta de intención con el FMI solicitando un préstamo para la aplicación del paquetazo. Seis días después fue suspendido el toque de queda y comenzaron a reactivarse las actividades en la nación.
300 muertos
El 4 de marzo de 1989, el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez justificó los acontecimientos y se refirió al estallido social como un descontento de los pobres contra los ricos.
Aquel año la revista SIC, del Centro Gumilla publicó lo siguiente: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado. Para él la cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no solo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza. Los de arriba, sin embargo, a causa de su mala conciencia se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo y unos abandonaron inmediatamente el país o al menos pusieron a sus hijos a salvo y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa”.
Agrega la publicación: “No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo. El ataque vino por la acción combinada de la policía y el ejército y el enemigo fue el pueblo. Y los muertos fueron todos del pueblo. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”.
Según la cifra oficial emanada por el gobierno de entonces, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 300 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Aunque aún no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas, diversas investigaciones y publicaciones aseveran que las víctimas ascendieron al número de 3 mil.
