Los cuerpos policiales del país recibieron en octubre del 2022 la “orden de aprehensión” dictaminada por un tribunal de Caracas, para dar con el paradero de los profesionales del derecho, acusados por graves delitos contra un conocido empresario venezolano.
Según consta en el expediente número 34C-S1201-22 del Tribunal Penal en Funciones de Control, a cargo de la Jueza Yulimar González Ybañez, la Fiscalía 23 del área Metropolitana de Caracas, a cargo del abogado Ronald Loro, fue quien solicitó a la juez la orden de captura, tras un riguroso proceso de pesquisas realizado por la Unidad de Apoyo a la Investigación del Ministerio Público.
El Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Caracas, emitió el pasado mes de octubre de 2022 la “orden de captura” contra los abogados en ejercicio Cesar Oswaldo Quintero Mello y Carlos Augusto Ramírez Ramírez, por los delitos de “Extorsión por Relación Especial”, “Asociación para Delinquir”, “Estafa Continuada”; y por “Uso de Documento Público Falso”.
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Los acusados y aun prófugos de la justicia cometieron “presuntamente” varios delitos tipificados en el Código Penal Venezolano, mientras mantenían una relación abogado/cliente con el empresario venezolano, que hoy los está acusando y exigiendo justicia por tan grave hecho.
En fuentes cercanas a la fiscalía manejan la información que los abogados prófugos de la justicia mantienen sus actividades en la ciudad de Caracas, y a pesar que tienen una orden de detención por parte de una tribunal penal, han sabido resolver su situación cuando son requeridos por algún organismo de seguridad de estado, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
También se pudo conocer “extraoficialmente” que los acusados fueron en una oportunidad detenidos en la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) de la PNB con sede en Maripérez, Caracas, y aunque no se ha verificado en el libro de registro esa detención, pudiera estar grabada en las cámaras de seguridad de la sede policial.
