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Colombia y Perú fallan en proteger derechos de mujeres venezolanas

Investigación revela que ha escalado la violencia de género contra venezolanas en Colombia y Perú

Colombia y Perú están fallando en garantizar y proteger el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres provenientes del país caribeño, concluye un informe de Amnistía Internacional (AI) difundido este martes.

«En Perú y Colombia sí existen sistemas y normativas que protejan a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, pero en el caso particular de las mujeres venezolanas no se aplica (…) y al final del día sus derechos están siendo violados», resume en una entrevista con Efe Clara del Campo, encargada de campañas de AI para Suramérica.

Bajo el título «Desprotegidas: Violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú», la investigación de AI menciona que, según datos oficiales, la violencia de género contra mujeres venezolanas escaló un 71 % entre 2018 y 2020 en Colombia y un 31 % entre 2019 y 2020 en Perú.

Esto, sin tener en cuenta los altos niveles de subregistro que difuminan la realidad de lo que Naciones Unidas ha calificado como «la pandemia en la sombra» en América Latina, a la que las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas están más expuestas.

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Según AI, la mayor vulnerabilidad de este grupo ante situaciones de violencia se debe a la perniciosa amalgama que engendran su estatus migratorio, la xenofobia, los roles de género preestablecidos socialmente y los estereotipos de hipersexualización hacia estas mujeres.

Violencia Omnipresente

«Es una violencia omnipresente en todos los espacios de sus vidas», sentencia Del Campo, tras recordar que las mujeres representan el 50 % y el 58 % de la población venezolana residente en Colombia y Perú, respectivamente.

En ese sentido, el estudio alude a la violencia que afrontan en el espacio público, tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de acogida; en el ámbito familiar, a través de violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas; y en el entorno laboral, donde sufren también explotación, incluida la explotación sexual.

«Las violencias y la discriminación las siguen por toda la ruta migratoria (…)”, apostilla la vocera de AI.

En estos puntos, puntualiza, las mujeres están expuestas «a muchas formas de violencia, desde violencia física, hurtos, extorsiones y captación de trata para fines de trabajo o explotación sexual, que incluso puede incluir a sus propios hijos».

Desprotección estatal

Sobre el rol de los Estados colombiano y peruano, la investigación de AI desvela múltiples fallas.

Por un lado, señala la falta de acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria como un primer y «significativo» obstáculo para la protección del resto de los derechos de mujeres refugiadas venezolanas.

Y, por otro lado, denuncia la poca o nula disponibilidad de albergues temporales para sobrevivientes de violencia de género, de información estadística adecuada y, sobre todo, de garantías a un acceso sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud.

En ese sentido, el informe sostiene que la carencia de regularización migratoria provoca en las mujeres migrantes y refugiadas «la percepción de que no tienen los mismos derechos que el resto de la población y que, por tanto, no pueden exigirlos ante las instituciones, o que al hacerlo correrían el riesgo de ser deportadas a su país».

A esto se suma la brecha en el acceso a la información sobre las rutas de atención para las víctimas de violencia de género y el desconocimiento o la arbitrariedad de los funcionarios encargados de atenderlas.

Pero, tal y como recuerda Del Campo, no existe «ningún motivo legal por el cual una mujer sobreviviente de violencia basada en género no pueda realizar una denuncia», sea cual sea su nacionalidad, identidad de género, orientación sexual o calidad migratoria.

«Cuando estos motivos se aplican, son causas de un trato discriminatorio y podrían constituir otro tipo de violaciones como la revictimización o denegar el acceso a la justicia al que tienen derecho», comenta tras mencionar la mayor vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres trans migrantes o refugiadas.

Medidas urgentes

Por todo esto, el informe de AI concluye que Colombia y Perú «claramente no cumplen con su obligación» de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres venezolanas.

«El problema no es tanto en la ley, en la letra de la norma, sino en la práctica y en la arbitrariedad en la que funcionan las personas funcionarias», reitera Del Campo.

Con información de: UN

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