“Ayúdenme. Mi empleadora me está torturando”, escribió Meriance Kabu. “Todos los días estoy cubierta de sangre, ¡ayúdenme!”.
Dobló su nota rápidamente y la lanzó por la puerta de hierro cerrada del departamento en los suburbios de Kuala Lumpur donde estaba viviendo y trabajando como empleada doméstica
Una mujer que pasaba la tomó. Cuando la leyó, llevó la nota inmediatamente a un policía retirado que vivía en ese mismo edificio. “Si hubiera permanecido alli, seguramente se hubiera muerto”, dijo más tarde.
Ese mismo día, un 20 de diciembre de 2014, la policía malaya golpeó la puerta del departamento donde vivía Meriance, y del que no había salido en ocho meses.
“Sentía que me estaba derrumbando”, dice, recordando el momento en que vio a los policías. “Me dijeron ‘no tengas miedo, estamos aquí’. En ese momento me sentí fuerte otra vez. Sentí que volvía a respirar. Los policías se acercaron y les conté la verdad”.
Nueve años, después, Meriance continúa buscando que se haga justicia. Su caso, que está lejos de ser único, revela cuán vulnerables son los migrantes indocumentados, y con qué frecuencia la justicia elude incluso a aquellos que sobreviven para contar su historia.
En 2015, la policía acusó a la empleadora de Meriance, Ong Su Ping Serene, de causar lesiones graves, intento de asesinato, trata de personas y violaciones de las leyes de inmigración. Ella se declaró inocente.
Meriance testificó en la corte antes de finalmente regresar con su familia. Dos años después, recibió la noticia de la embajada indonesa de que los fiscales habían abandonado el caso alegando que la evidencia era insuficiente.
“La empleadora quedó libre, ¿dónde está la justica”, pregunta el embajador del país en Malasia “¿Cuál fue el motivo de la demora? ¿No son cinco años suficientes? Si no seguimos preguntando, (el caso) quedará en el olvido, especialmente porque Meriance ya regresó a casa”.
No está claro por qué tan pocos casos de abuso acaban siendo juzgados en Malasia, pero activistas apuntan a una cultura que ve a los trabajadores domésticos, la mayoría de los cuales son indonesios, como ciudadanos de segunda clase que no merecen el mismo nivel de protección que los malayos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia le dijo a la BBC que “se asegurarían de que se haga justicia de acuerdo a la ley”.
En 2018, un tribunal en Indonesia encareló a dos hombres por traficar a Meriance. El juez determinó que ella había sido enviada a trabajar a Malasia “como empleada doméstica de Ong Su Ping Serene, quien la torturó, causándole heridas graves” que la llevaron al hospital.
La odisea de Meriance se describió con todos sus perturbadores detalles en el veredicto que decía que su empleadora la había golpeado con severidad, le había roto la nariz en una ocasion, y solía torturarla con una plancha caliente, pinzas, martillos, palos y tenazas.
Ocho años después, su cuerpo todavía presenta las marcas de estas torturas. Aún tiene una herida profunda en el labio superior, le faltan cuatro dientes y una de sus orejas ha quedado deformada.
Su marido, Karvius, dice que estaba irreconocible cuando la rescataron “Estaba tan conmocionado cuando me mostraron fotos de Meri en el hospital”.
El año pasado, Malasia e Indonesia firmaron un acuerdo para mejorar las condiciones de las trabajadores domésticas indonesas en el país. Indonesia está ahora presionando para reabrir el caso.
Trabajadores indocumentados como ella son especialmente vulnerables porque les retienen su pasaporte y viven con su empleador en un país extranjero, lo cual les deja pocas opciones para buscar ayuda.
“Todos tienen que asumir más responsabilidades”, dice la parlamentaria malaya Hannah Yeoh, que quiere ver el fin de lo que describe una cultura del silencio sobre el abuso de empleadas domésticas en el país.
Con información de: BBC
