Acusan a juez en Chile de permitir hacer videollamadas en prisión a miembros del Tren de Aragua

Una gran polémica se vive en Chile luego de conocerse que el juez del Séptimo Juzgado de Santiago, Daniel Urrutia, autorizó a hacer videollamadas dentro de la cárcel a siete miembros vinculados al grupo delictivo venezolano, Tren de Aragua, detenidos en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).

Juez Daniel Urrutia (Chile)

Según una investigación del medio Meganoticias, luego de revisa el Acta de Visita Semanal de la Cárcel del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se constató que el juez concedió el beneficio a los reos de la Cárcel de Alta Seguridad de comunicarse con sus familiares.

La Gendamería de Chile descubrió la situación cuando encontró a dos internos conversando con mujeres a través de sus teléfonos el pasado 23 de enero, durante un juicio oral contra ellos en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte.

Estos detenidos se encuentran vinculados al crimen organizado, en las bandas criminales Tren de Aragua y Los Gallegos.

En información brindada por el medio chileno, uno de estos reos sería Daniel Márquez Meléndez, integrante de Los Gallegos, grupo operativo del Tren de Aragua, detenido por “asociación ilícita, extorsión, tráfico de drogas y otros delitos asociados al crimen organizado”.

Otros de los involucrados son José Candurin Meléndez, perteneciente a la facción llamada “Caracas”, y también Edward Nava Navarro, quien fue jefe encargado de la distribución de narcóticos de la banda en Santiago.

Por su parte, Zeus Velásquez Aquino también recibió el beneficio, así como Vilmar Díaz Jiménez. El primero participó del secuestro de un sujeto de nacionalidad colombiana, a quien mutiló un dedo, mientras que el segundo importaba marihuana y clorhidrato de cocaína para su exportación.

Los otros dos presos que recibieron el permiso son dos no venezolanos: Javier López Robles, de nacionalidad chilena, y Fredy Camacho Sabogal, colombiano.

La Gendamería presentó un recurso judicial a la Corte de Apelaciones de Santiago, que trabaja conjuntamente con la Fiscalía de Chile para revocar la decisión del juez Urrutia, la cual consideran “delitos graves”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la situación como un “hecho gravísimo”, y que “pone en riesgo la seguridad”.

Con información de VF