Los interesados deberán acudir ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer el “recurso contencioso administrativo” que corresponda contra la medida de inhabilitación, así como la solicitud de un amparo.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez afirmó este jueves que procedimiento para la “revisión” de las medidas de inhabilitaciones políticas en Venezuela ratifica el acuerdo de garantías electorales, firmado en Barbados.
En su cuenta en X, antes Twitter, el diputado se pronunció luego de la publicación del mecanismo político por parte de la delegación de Noruega, principal facilitador del proceso de diálogo y negociación entre el chavismo y la oposición venezolana.
“Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando”, publicó.
Rodríguez enfatizó que seguirá avanzando dentro del marco constitucional y legal de la nación para cumplir con los compromisos adquiridos en el proceso de negociación.
La Embajada de Noruega en México confirmó este jueves la recepción de un procedimiento para la “revisión” de las medidas de inhabilitaciones políticas en Venezuela, enviado por el gobierno de Nicolás Maduro, según el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales, firmado en Barbados el 17 de octubre de este año.
En un comunicado publicado en X, el facilitador del proceso de diálogo y negociación señaló que el mecanismo promoverá la “autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos”, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para participar en los comicios presidenciales de 2024, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley y en la Constitución.
Se informa que la oposición y el chavismo han convenido el procedimiento con el propósito de procurar la “revisión” de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República, a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones.
El mecanismo sostiene que los interesados deberán acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el “recurso contencioso administrativo” que corresponda contra la medida de inhabilitación; así como la solicitud de un amparo cautelar. El lapso establecido para el proceso será desde el 1 hasta el 15 de diciembre.
“La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, suscribe el texto.
Las partes se abstendrán a incorporar conceptos “ofensivos o irrespetuosos” contra las instituciones del Estado venezolano, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del acuerdo consensuado, y a respetar la Constitución de Venezuela y las leyes.
Asimismo, se comprometen a “honrar y defender la patria”, sus símbolos y valores culturales, el resguardo y protección de la soberanía, nacionalidad, integridad territorial e intereses de la nación. Además, rechazarán cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de “acciones que atenten contra la soberanía”.
El procedimiento indica que los interesados deberán acatar, en el marco constitucional, la decisión del TSJ que emane de este recurso.
