Este martes 14 de noviembre el constituyente Eduardo Piñate aseveró que la Ley Constitucional de Precios Acordados será la clave para “resolver la fijación arbitraria y especulativa de precios”, por parte de los comerciantes privados del país.

“La Comisión realizó un debate de esta Ley, que está siendo esperada por nuestro pueblo y que tiene un impacto fundamental en la economía venezolana y va a dar respuesta a la guerra económica”, expresó el también presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), durante un debate celebrado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo.

“La Ley sienta las bases de una política de precios acordados, fundamentada en la participación ciudadana, la contraloría social, la corresponsabilidad, los derechos humanos, la justicia social y la paz económica. La Ley determina los lineamientos que permiten, en la mesa de precios acordados, establecer los precios en consenso con todos los sectores: público, privado, consejos comunales y consejos productivos de trabajadores”, acotó.

Piñate indicó que actualmente la economía de nuestro país está siendo afectada por la distribución monopólica de los productos esenciales (alimentos y medicamentos). Destacó que el problema se acentúa debido al carácter rentista petrolero heredado de la Cuarta República. Recordó que este problema se agudizó en los últimos años debido a la abrupta caída de los precios del crudo.

“La altísima inflación inducida a través de distintos mecanismos, que no tienen nada que ver con la economía venezolana y que responden a decisiones políticas de sectores de la oligarquía venezolana, que intentan destruir el proyecto revolucionario, aliados al imperio, buscan apagar esa llama en todo el continente”, afirmó el constituyente.

Por último, Piñate enfatizó que esta nueva herramienta jurídica es producto del diálogo y la concertación entre el Gobierno y los distintos sectores productivos de la nación. Dicha normativa, la cual cuenta con 14 artículos, garantizará la soberanía alimentaria del pueblo venezolano.

 

 

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