Un nuevo caso de estafa inmobiliaria que involucra a empresarios y miembros de la Iglesia Católica en Lara, ha sido denunciado por los representantes de las 180 familias, que fueron engañadas para adquirir sus viviendas en este proyecto habitacional ubicado al este de Barquisimeto.
El equipo reporteril de Noticias Barquisimeto conversó con Luis Franco, vocero de las familias estafadas, quien narró los pormenores de este nuevo escándalo inmobiliario en el proyecto “San Vicente Gardens”, donde están denunciados los socios de la constructora y representantes de la “Congregación de Sacerdotes Paúles”.
¿Qué es o era el proyecto San Vicente Garden?
SVG era un complejo inmobiliario de viviendas tipo multifamiliar, que iba a hacer constituido por siete (07) torres y una (01) torre de tipo comercial para oficinas y locales, así como con áreas de esparcimiento, recreación y estacionamiento, los cuales se ubicarían dentro una superficie de 11.000 mtrs2, al Este de la ciudad en el denominado “Triángulo del Este”, entre la clínica Valentina Canabal, el complejo deportivo y el colegio San Vicente de Paul.
¿Quiénes son los responsables del proyecto?
Los responsables de este proyecto son: La sociedad mercantil INVERSORES
INTEGRADOS DEL ESTE C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 07 de agosto de 2009, bajo el número 20, tomo 57-A, representada por la Directora Administrativa: ELBA MARIA CADENA RIOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 7.351.872, y, el Director General: RAFAEL GUERRERO MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 11.433.816 y los dos únicos socios de la empresa, y sus socios: CONSTRUCCIONES URBEL, C.A., Registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 31 de enero de 1986, bajo el número 45, tomo 4-A, cuya presidente ANA MARÍA GONZÁLEZ la SOCIEDAD DE EDUCACION PAULINA (congregación de los sacerdotes paules), inscrita ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha 26 de abril de 1947, bajo el número 46, folio 2, tomo 3°, protocolo 3°, cuyo director es JESUS AMABLE BRAVO HERNANDEZ.
¿Cuantos afectados existen?
Más de 180 familias afectadas.
¿Cuándo debió haber finalizado el proyecto?
En el año 2015.
¿Quiénes son ustedes?
Nosotros somos y representamos a un grupo de 20 familias, que al ver la actitud delictiva de los responsables del proyecto, hemos tomado la decisión de rescindir del contrato, que como acreedores del proyecto y afectados por el incumplimiento de la constructora se nos sea devuelto nuestra inversión con las directrices establecidas por la ley.
¿Qué acciones han tomado?
Hemos acudido a los Tribunales Civiles, a la Fiscalía, a la Fiscalía General de Tribunales e incluso a la Defensoría del Pueblo.
¿Qué respuesta han tenido de las autoridades?
En el proceso civil (KP02-V-2021-973), después de un largo tiempo donde se presentaron varias irregularidades, los demandados admitieron los pagos y los contratos, mientras que la juez luego de un retardo de más de 4 meses dicto como sentencia que “la demanda era inadmisible”, alegando que no había factor de conexión entre nosotros como acreedores de este proyecto y las demandadas.
En el proceso penal (MP93644-22) la primera denuncia sobre este caso data de enero 2021, durante este periodo los organismos han estado realizando las investigaciones correspondientes. El último estatus que nos indicaron fue que la fiscalía se encuentra citando a los responsables, los cuales a sabiendas del proceso en su contra aún no han comparecido. De la Defensoría del Pueblo solicitamos que se hiciera parte del proceso, a fin de que velara por nuestros derechos, como bien lo indican sus atribuciones, de ellos no hemos obtenido respuesta, no han hecho acto de presencia.
¿Qué respuesta les ha dado la constructora y sus socios?
De manera oficial, dentro de las contestaciones en juicio indicaron que estaban dispuestas a devolver el dinero, pero el pago realizado por nosotros, es decir considerando la eliminación de los ceros producto de la reconversión monetaria, (ocho ceros) más los intereses que diera a lugar. Ejemplo: si un afectado realizo un pago de quinientos millones de bolívares (Bs. 500.000.000) los demandados alegan que una vez hecha la reconversión (Bs. 5,00) , determinarían los intereses de ese monto y los pagarían. De manera extra oficial, un ex socio de la CONSTRUCCIONES URBEL, C.A, de apellido Carabaño y un periodista de apellido Oviedo quien se identificó como representante de la sociedad paulina, dicen estar autorizados por los socios de la empresa y que representan a un grupo de inversionistas que están dispuestos a comprar los derechos del proyecto a todos los afectados, ofreciendo una cantidad a cada afectado menor al 10% del valor invertido.
¿Qué están solicitando?
Nosotros simplemente queremos justicia y que se haga lo que indica la ley, es decir, que se nos reconozcan nuestros derechos como víctimas de esta estafa inmobiliaria, que tanto la constructora como sus socios se hagan responsables de sus acciones civil y penalmente. Que nos devuelvan nuestra inversión tal como lo establece la ley: que sea devuelto nuestro dinero de manera indexada, que sean condenados los demandados por todos los daños y perjuicios causados, haciéndose responsables por todos los pagos, las costas y costos que hemos tenido que realizar como consecuencia de sus acciones. Queremos hacer un llamado a la Fiscalía General de la República para que coloque la mirada en nuestro caso, así como en los múltiples casos de estafas inmobiliarias que han ocurrido en nuestra región, que designen un fiscal nacional. A la Defensoría del Pueblo que sea garante del proceso y se haga parte.
