El canciller de la República, Jorge Arreaza, ratificó este jueves ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la continuidad de las políticas de Estado a favor de la cooperación multilateral para combatir prácticas corruptas por una gestión pública transparente.

“Ratificamos el compromiso del Gobierno venezolano con la cooperación multilateral contra las prácticas corruptas en favor de la gestión transparente y de relaciones equitativas de poder desde lo político, lo económico en las divisiones públicas y privadas”, remarcó Arreaza durante su intervención, mediante videoconferencia, en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El Canciller denunció “la aplicación criminal de un bloqueo económico y medidas coercitivas unilaterales que, como un acto de corrupción incuestionable, ha congelado activos por más de $30 mil millones pertenecientes a la República y que está destinado a garantizar la alimentación y la salud del pueblo, particularmente en medio de la pandemia del Covid-19 “. “.

“Nos estamos refiriendo a una modalidad de corrupción inducida desde centros de poder con intenciones geopolíticas. Buena parte de esas riquezas ha caído en cuentas de políticos corruptos, de escritorios jurídicos y hasta en manos oscuras en el Gobierno de Estados Unidos”, manifestó el canciller.

Arreaza subrayó que las soluciones económicas y políticas deben responder como condición sine qua non al bienestar público, en especial para los más vulnerables.

En ese sentido, significó que ostentar un cargo público o privado “conlleva una gran responsabilidad social que debe ser honrada en todo momento”.

“Ninguna sociedad se encuentra exenta del flagelo de la corrupción, tanto en su plano público y estatal, como en la usualmente obligada dimensión privada, que está estructuralmente amparada por un modelo económico que premia la explotación y la usura que promueve la concentración de la riqueza en pocas manos y genera una sociedad inequitativa y desigual. No hay corrupto público sin corruptor privado”, sostuvo.

Denunció que “estos esquemas de explotación implantados y naturalizados son la causa principal de las prácticas de corrupción más extendidas y lamentablemente visibilizadas, lo que constituye una grave afrenta a los pilares de las Naciones Unidas, en especial a los derechos humanos”.

Señaló que el Estado venezolano ha actuado con firmeza contra la corrupción en diversos niveles y apuntó que “mantiene una permanente mejora de la aplicación de los mecanismos basados ​​en la Ley contra la Corrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público”.

Asimismo, informó que Venezuela como Estado signatario de la convención, del 7 al 10 de junio del presente año comenzará el segundo ciclo del examen de revisión de la aplicación de la Convención contra la Corrupción abarcando el periodo 2016-2021.

Resaltó que este examen muestra el compromiso transparente de Venezuela con la convención.

Información de: ÚN