El sistema educativo venezolano ha estado en rápido declive. En 2016, en medio de una crisis humanitaria nacional generalizada, los docentes comenzaron a abandonar la escuela debido a una drástica disminución de los salarios de los docentes. También hubo un aumento significativo en la tasa de deserción estudiantil.
Para agravar estas ya terribles circunstancias, el chavismo declaró una cuarentena nacional el 17 de marzo de 2020 y los estudiantes se vieron obligados a permanecer en casa, creando nuevas barreras para acceder a la educación.
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En abril de 2020, el Ministerio de Educación del chavismo anunció que las clases se impartirían con “métodos a distancia” durante el resto del año. Al final, las clases presenciales solo se reanudaron parcialmente a fines de octubre de 2021, luego de 19 meses de aprendizaje remoto.
Las precarias condiciones del sistema educativo antes de la pandemia del Covid-19, junto con los efectos de la pandemia, han dejado a Venezuela en una situación en la que la asistencia estudiantil continúa cayendo, y los docentes enormemente mal pagados continúan renunciando, y la calidad de la educación sigue peligrosamente baja. Estas circunstancias constituyen violaciones sistemáticas del derecho a la educación, ya que las autoridades continúan incumpliendo sus obligaciones en términos del derecho internacional.
Con información de: 800noticias
