Una Comisionaduría Nacional se encargará de recibir, tramitar e investigar disciplinariamente las denuncias de violaciones de derechos humanos (Ddhh) cometidas por los funcionarios que forman parte del sistema integrado de policía, los cuales ejercen funciones de seguridad ciudadana.
La figura fue incorporada en un nuevo capítulo del Estatuto de la Función Policial, aprobado hace dos semanas por la Asamblea Nacional (AN) y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.650 del 22 de septiembre.
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La Comisionaduría tendrá presencia en todo el territorio nacional y contará con los equipos humanos y materiales de trabajo necesarios. Tendrá la asesoría del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo así como organizaciones y especialistas en derechos humanos, según se lee en los artículos 88 y 89 del citado Estatuto.
Al aprobar la reforma del Estatuto de la Función Policial, los diputados le confirieron 10 atribuciones a la recién creada Comisionaduría. Entre ellos figura la de recomendar al Ministerio de Interiores la aplicación de procedimientos de asistencia técnica, intervención o suspensión, en aquellos cuerpos policiales donde la situación de vulneración de derechos humanos detectada así lo amerite.
La Comisionaduría también podrá remitir al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo las denuncias sobre presuntas violaciones a los Ddhh.
La nueva instancia igualmente está facultada para solicitar la información necesaria y pertinente en los casos donde se presuma la violación de derechos humanos sometidos a su conocimiento. También está investida para investigar disciplinariamente las denuncias sobre los presuntos hechos constitutivos de violación de DDHH.
La reforma al Estatuto de la Función Policial forma parte del conjunto de leyes aprobadas por recomendación de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial, cuya creación fue acordada desde el Consejo de Estado el pasado 21 de junio. Dicha Comisión ha hecho un abordaje en los retenes policiales del país y constató irregularidades en la atención a los privados de libertad.
Con información de UN
