TSJ declaró mediante una nota de prensa, solicitar a Italia extradición de Rafael Ramírez para realizar un proceso penal en Venezuela.
Ramírez se le acusa por presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación, previstos.
Los artículos 54 y 60 de la Ley Contra la Corrupción y 37 de la Ley Contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, sancionan dichas acciones.
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Por su parte la sentencia N° 55-2020 señala que se asume el firme compromiso ante la República Italiana, de que el ciudadano será juzgado por su presunta participación en los delitos antes mencionados.
De igual forma destaca las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra, Verenzuela muestra la decisión del análisis de la documentación que consta que en el expediente se evidencia el presente caso.
Además de los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en Venezuela.
En la sentencia se desprende:
Que el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión de Rafael Ramírez, precisó que el 3 de febrero de 2017 resultó interpuesta una denuncia por Luis Parra Rivero en su condición de diputado a la Asamblea Nacional.
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Asimismo la situación de las cancelaciones excesivas diarias de un contrato celebrado entre la empresa Pdvsa Servicios, S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela)
Realizando una comparación entre la oferta suministrada por la empresa Petrosaudi y la cual resultó contratada con las tarifas que cobraban embarcaciones que realizaban ese tipo de trabajos para la fecha de los hechos
Indicando que los precios resultaban inferiores a los que quedaron plasmados en el contrato.
Con información: Panorama
