TSJ anula extensión de funciones de la AN presidida por Guaidó

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró “nula” este miércoles 30 de diciembre la reforma del estatuto por la que la Asamblea Nacional (AN), presidida  por el opositor Juan Guaidó, extendió por un año más sus funciones, y ordenó a la Fiscalía investigar las conductas de “tipo delictivo” presuntamente cometidas por los diputados.

En una nota de prensa, el máximo tribunal informó sobre la publicación de una sentencia que declara “írrita” la reforma que -asegura- fue emanada de un grupo de diputados que “usurpan” la junta directiva del Parlamento y que, además, simularon una sesión parlamentaria.

El magistrado “Juan José Mendoza Jover declara írrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier actuación realizada por los diputados que usurpan las funciones de la Junta Directiva del Órgano Legislativo Nacional, con el propósito de perpetuar, extender, continuar o prorrogar con la investidura” de diputados, dice el texto.

La decisión del tribunal llega tres horas después de que un grupo de diputados del partido Acción Democrática (AD) interpusiera un recurso contra la extensión por un año del actual Parlamento.

La sentencia también señala que la decisión de la  actual AN busca “atentar o menoscabar la instalación de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el nuevo período constitucional 2021-2026, a iniciarse el próximo 5 de enero de 2021”.

Añade la sentencia que el desconocimiento “de carácter interno o externo, de un proceso electoral convalidado expresamente y avalado por el poder electoral, es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico”, por lo que ordenó a la Fiscalía investigar “penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley”.

También ordenó a la Contraloría General de la República “evaluar, determinar y cuantificar los daños materiales, patrimoniales causados al patrimonio público, incluso los que pudieran derivarse del lucro cesante, causados por las actuaciones llevadas a cabo” por el Parlamento que se encuentra en ejercicio.

En ese sentido, pide a la Contraloría remitir “sus resultas a los órganos correspondientes, para la determinación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan”.

El Parlamento venezolano aprobó el pasado sábado 26-D extender por un año sus funciones en una sesión extraordinaria virtual en la que acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición que ellos mismos aprobaron en 2019 con el objetivo de forzar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder y convocar a elecciones presidenciales, ambas tareas pendientes.

“La continuidad constitucional será ejercida (…) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021”, dice el texto promulgado por la Cámara.

Esta continuidad, que no está mencionada en la Constitución, será ejercida por la AN de mayoría opositora que fue escogida en 2015 y por Guaidó, que se proclamó como presidente interino, reconocido por más de 50 países,  en enero de 2019 ante la usurpación que considera hace Maduro de la Presidencia.

EFE

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