“El diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado, se ha cocinado en su propio guiso estando en libertad, pero eso no significa que sea inmune a las acciones del sistema judicial.” Tal es la interpretación a la que puede llegarse tras oír las densas respuestas que da el fiscal general de la República, Tarek William Saab a las preguntas sobre la aparente inmunidad total del parlamentario del partido Voluntad Popular.
Saab habló sobre este y otros temas durante una entrevista en la sección Cara a cara de LaIguana.TV.
A continuación, una versión de este diálogo:
-Me imaginaba esa pregunta… De entrada respondo lo que siempre digo, que el hecho de que este señor, este ciudadano diputado, no haya sido privado de libertad no implica que no esté sujeto a la jurisdicción penal ordinaria. Sí lo está. No significa que no pesen sobre él investigaciones como la que inauguró los casos inherentes a su persona. Recuerdo cuando, en representación del Ministerio Público, introdujimos en el Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de medidas que él posteriormente violentó, para su propia desgracia judicial, desacatando a los órganos de los poderes públicos nacionales que tramitamos esas diligencias…
-¿Se refiere a la prohibición de salida del país?
-Correcto. En concreto esa, que el desacató para caer en el pozo sin fondo del Cucutazo y luego la trama de los Rastrojos. Ese desacato le trajo muy malos augurios que han aumentado su expediente penal. En aquel momento había alrededor de este señor cosas sumamente peligrosas para la paz republicana. Si él no hubiese tenido el apoyo de la Administración Trump, hubiese pasado sin pena ni gloria. Si el vicepresidente de EEUU no hubiese tuiteado que lo reconocería como presidente, el día anterior a su autoproclamación, esa acción bufa, ese teatro bufo de pretender administrar un cargo (que no ha tenido ni siquiera por un minuto), sería apenas una anécdota frívola en la historia nacional. Lo grave es que una superpotencia como EEUU se haya prestado para tamaña felonía, para tamaña acción conspirativa contra el Estado venezolano de darle una investidura que nunca ha tenido ni tendrá este sujeto. Ese apoyo de EEUU era lo más peligroso cuando se inició esta trama: el apoyo de una superpotencia militar a un plan conspirativo para derrocar la democracia venezolana, a un presidente legítimamente constituido, para generar una espiral de violencia.
Continuó el fiscal revisando los acontecimientos del año:
-A partir de esa derrota del 23 de febrero, ellos entraron en una situación de desesperación de tal magnitud que los llevó a un tercer momento, que fue el golpe de Estado del 30 de abril. Se ha querido minimizar, banalizar esa acción como un hecho supuestamente sin importancia, pero ¿cómo puede calificarse así una acción en la que civiles y militares, aunque fueran numéricamente pocos, se colocaron frente a una base militar para llamar a una insurrección armada que culmine con el derrocamiento del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro? Además, en medio de todo ello, liberaron en forma totalmente ilegal a una persona, en este caso Leopoldo López, que se convierte en prófugo de la justicia porque se escondió cobardemente en la embajada de España. Con esas tres derrotas, el plan se fue diluyendo y su desprestigio fue aumentando.
-Es una persona que se ha ido cocinando en su propia larva, en su propio guiso. Cada acción que realiza, cada cosa que dice lo termina de desdibujar, de diluir, de convertir en polvo porque inclusive dentro del factor opositor hay una gran división, una fractura en razón de la actuación de esta persona.
Un plan previo a Guaidó
Saab añade otro elemento a su argumentación: Guaidó es la variante que se asumió a inicios de este año, pero el plan golpista viene avanzando desde mucho antes.
-En mi opinión, este plan es la secuela del relato golpista iniciado en 2014 por la misma élite de extrema derecha, encabezada por Voluntad Popular, que dirige Leopoldo López y ahora tiene de tarimero a Guaidó. Aquella fue su respuesta a las elecciones presidenciales municipales de 2013. Ese sector radical, deslindado de la vía del voto y del debate político, que lideraron López y Antonio Ledezma, arrancan ese plan que derivó en los embriones, en las semillas de una guerra civil. Ocasionaron más de 40 muertos, 800 heridos, en términos de una violencia paramilitar que bañó de sangre a la nación, pero que para esa élite ultrarradical, que tiene una gran conexión ahora con la Administración republicana de EEUU, fue la excusa para que Venezuela comenzase a sufrir las sanciones económicas, que se iniciaron tibiamente en 2013 y que a raíz de esta ola de violencia generada por este grupo, dio pie a la orden ejecutiva de Obama en 2015. Había un escenario explosivo, que fue alimentado por la guerra económica, fue la época de las largas colas y de tantos malestares que concluyeron con la derrota del factor progubernamental en las elecciones parlamentarias de 2015. Eso generó el escenario de 2016, en el que el primer presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, vaticinó que en seis meses, a más tardar, por la vía de facto, derrocaban al presidente Maduro. No estamos hablando de un plan que arrancó con Guaidó en 2019, sino que tiene muchísimos antecedentes que fueron concretándose en lo que ya vivimos los venezolanos en este primer semestre.
-No. Porque los sujetos que han sido protagonistas y actores de esos eventos, todos están judicializados, incluyendo al propio Guaidó. Pero debemos entender que cada vez que él nombra a un representante o supuesto comisionado, siempre se trata de alguien que está fuera del país, ninguno vive en Venezuela. Es una manera ridícula, grosera y cobarde de actuar. Todos están viviendo en un exilio corrupto en Europa o en EEUU. Obviamente nosotros hemos judicializado esas acciones. Se han allanado lugares y bienes de estas personas, es decir, que se han puesto a derecho a las órdenes de tribunales de justicia todas estas causas con el detalle de que las personas implicadas ninguna vive en el país. En el caso de Citgo ellos mismos están naufragando en un mar, o mejor dicho, en una cloaca pública y notoria. Por un lado dicen que están actuando para defender los intereses de la República, pero lo que se está viendo es lo contrario. Vemos el caso de un abogado que supuestamente es el procurador de la tiranía de Guaidó, que antes fue representante legal de una empresa extranjera que estaba actuando en contra de los intereses de la República. Ellos mismos están quedando en evidencia como traidores a la patria, como delincuentes internacionales, como una mafia transnacional.
