El funcionamiento de una red de extorsión, la promoción de un plan insurreccional en el país y el engavetamiento de casos de corrupción por parte de la anterior gestión, han sido algunos de los hallazgos realizados por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, desde que fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 5 de agosto.

El nombramiento de Saab fue propuesto por el constituyente Diosdado Cabello, luego de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, interpuesta por el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, por la presenta comisión de faltas graves en el ejercicio del cargo.

El proceso de reestructuración del Ministerio Público (MP) —tarea encomendada por la ANC a Saab— ha permitido la reapertura de casos sobre irregularidades en la industria petrolera, en el otorgamiento de divisas por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

Uno de los avances alcanzados en estos últimos meses ha sido la recuperación del principio de cooperación del MP con los demás Poderes del Estado.

Red de extorsión interna

En varias oportunidades, Saab ha acusado a la exfiscal y prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz, de llevar al MP a los más altos niveles de inmoralidad y corrupción durante su gestión entre el período 2007-2017.

Bajo la gestión de Ortega Díaz se gestó un clima de inestabilidad desde el seno de la institución para propiciar un golpe de Estado institucional; y se impulsó un plan sedicioso entre abril y julio de este año que fue respaldado por sectores de la derecha con el propósito de justificar una intervención extranjera.

La construcción de redes para extorsionar a empresas y personas sometidas a investigaciones fue una de las líneas de acción de la gran mafia instaurada en el MP de la mano de Ortega Díaz y de su esposo y exdiputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer.

Este entramado cometió delitos de extorsión, tráfico de influencias, cobro de comisiones y actos de corrupción, acciones que perpetraban desde un bufete a cargo del abogado José Parra Saluzzo, a la orden de la justicia venezolana.

El fiscal general detalló las relaciones entre el bufete de Saluzzo y la empresa brasileña Odebrecht que eran protegidos por los exfiscales fiscales Pedro Lupera (prófugo), Luis Sánchez (imputado) y María Gabriela Lucena para que los casos resultaran sobreseídos.

Asismimo, se mantiene la orden de aprehensión y alerta roja contra Euzenando Prazeres de Azevedo (directivo de Odebrecht en Venezuela).

Corrupción en industria petrolera

En estos meses la Fiscalía reabrió una investigación sobre la trama de corrupción en el sector petrolero y encontró que un grupo de altos funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) impulsaron un plan para acabar e implosionar la industria petrolera disminuyendo sus niveles de producción en alianzas con empresarios.

El MP ha señalado como responsable de esta trama de corrupción a Rafael Ramírez, quien entre 2002 y 2014 asumió altas responsabilidades en el sector petrolero, primero como titular del desaparecido Ministerio de Energía y Minas y luego al frente del renombrado Ministerio de Energía y Petróleo.

En ese período —cuando además se mantuvo al frente de Pdvsa— ocurrieron graves irregularidades que ocasionaron pérdidas mil millonarias a la nación que aún están por calcularse y que dañaron la propia operatividad de la industria estatal por medio de contratos fantasmas y sabotaje a la producción de crudo.

El fiscal Saab denunció que Ramírez ha estado involucrado además en el blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), ejecutada por una red conformada por aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero venezolano.

La Fiscalía encontró un documento del Juzgado de Primera Instancia de Andorra, de fecha 30 de noviembre de 2012, en el cual se señala al exministro como socio directo en operaciones de intermediación y compra-venta de petróleo.

La organización criminal, de carácter internacional, aplicó diversos métodos para movilizar fondos, que incluyen contratos falsos y sobrefacturación contra instituciones públicas como Pdvsa.

Desde 2006, cerca de 4.200 millones de euros fueron supuestamente blanqueados por venezolanos a través de la Banca de Andorra. Solo entre 2011 y 2012 se blanquearon 1.348 millones de euros.

Por este caso fueron privados de libertad José Enrique Luongo y Diego Salazar Carreño (primo hermano de Ramírez), quienes representaban a Antigua Omega INC, una de las 40 empresas fantasmas involucradas.

Por las pesquisas realizadas por el MP, han sido detenidos 67 gerentes de Pdvsa —entre ellos, 18 son de los altos mandos— que actuaron durante la gestión del exministro Ramírez y que están señalados por hechos de corrupción y sabotaje a la industria estatal.

Entre los implicados se encuentra el hasta hace poco ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, a quien se le vincula con la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo entre 2014 y 2017 mientras se desempeñaba en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción Oriente Pdvsa, división Punta de Mata. Este hecho causó daños por 1.156 millones 900.000 dólares por barriles de crudo no producidos en ese periodo.

También han sido aprehendidos Pedro León, director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco; Orlando Chacín, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo; Francisco Jiménez, presidente de Bariven; y Gustavo Malavé, director ejecutivo de la División Occidente de Pdvsa.

Otro de los casos revelados por el MP es el alquiler de un barco chatarra en 2010 para la explotación de gas costa afuera, como parte del Proyecto Mariscal Sucre de Pdvsa, que causó un daño patrimonial a la nación de al menos 1.175 millones 300.000 dólares.

Con respecto a la Faja Petrolífera del Orinoco, las primeras indagaciones han arrojado un desfalco de más de 200 millones de bolívares por irregularidades en 12 contratos que involucraron a 10 empresas, al comprobarse sobreprecios de hasta 230%. La Fiscalía verificará la totalidad de los 41.000 contratos firmados entre 2011-2017 por un monto total de 35.000 millones de dólares.

A través de acciones judiciales, el MP ha descubierto tramas de corrupción que envuelven a las empresas mixtas Petrozamora y Petropiar, a la subsidiaria de la estatal petrolera Citgo Petroleum Corporation (Citgo) y a la filial Bariven.

La empresa mixta Petrozamora, ubicada en el estado Zulia, dejó de producir 15 millones de barriles de petróleo entre 2015 y 2017, a razón de 15.700 barriles por día, producto de acciones de sabotaje y corrupción, lo que ocasionó pérdidas de 500 millones de dólares.

Por las pesquisas hechas por el MP, se logró la detención de Nelson Martínez, expresidente de Pdvsa y expresidente de Citgo Petroleum Corporation, cuya junta directiva comprometió el patrimonio de la nación y de la propia subsidiaria de Pdvsa en Estados Unidos, a través de la firma de contratos de refinanciamiento de deuda entre 2014 y 2015 de hasta 4.000 millones de dólares, hechos a espaldas del Ejecutivo Nacional.

La Fiscalía descubrió una trama de corrupción, sabotaje y espionaje en la alta gerencia de Citgo, así como la participación de agencias financieras estadounidenses relacionadas con los fondos buitres y de compañías registradas en paraísos fiscales en los procesos de renogociación de deuda.

Asimismo, el MP determinó irregularidades operativas y presuntos hechos de corrupción en Puerto Miranda, estado Zulia, así como un grave deterioro de las instalaciones de bombeo y almacenamiento de crudo y combustible, por lo que se presume apropiación indebida de material, de equipos y de petróleo.

En el caso de Bariven —dedicada a la adquisición de materiales para la exploración y extracción de petróleo y gas— la Fiscalía encontró irregularidades en los procesos de compra con altas tasas de sobreprecios en los contratos en bolívares y dólares entre 100% y 98.000%.

Con respecto a Petropiar, se otorgaron contratos con más de 10.000% de sobreprecio para la supuesta “atención de emergencias”.

En el caso de Pdvsa Yagua, estado Carabobo, la Fiscalía halló una red de extorsión integrada por funcionarios de la estatal petrolera que contactó de manera ilícita a más de 100 contratistas que exigían el pago de comisiones de facturas pendientes en bolívares o en dólares, en nombre del presidente de la empresa.

También se descubrió una red de funcionarios que se dedicó al desmantelamiento de más de 1.000 vehículos en la División Pdvsa Carabobo, en el estado Monagas, para traficar con este patrimonio.

Producto de investigaciones adelantadas por la Fiscalía, 21 empresarios han sido privados de libertad por uso indebido de divisas otorgadas por el Estado a precio preferencial a lo que resultaron ser empresas fantasmas que desfalcaron a la nación.

En total, la institución investiga a 120 empresas por el caso Cadivi-Cencoex por hechos de corrupción y desfalco a la nación por la sobrefacturación de productos de importación, que podía alcanzar hasta un 130.000%; fraude importador, subfacturación y fraude en precios de transferencia.

En 2014 unas 1.000 empresas fueron convocadas por instrucción de la Presidencia de la República para verificar el uso correcto de las divisas otorgadas. De ellas, 230 no respondieron al llamado y luego se detectó que 900 empresas del sector químico incurrieron en delitos de sobrefacturación. Sin embargo, estos casos fueron silenciados.

Panamá Papers

El caso de los Panamá Papers también ha sido reabierto durante la gestión del fiscal Saab, con investigaciones contra cuatro personas presuntamente vinculadas. Se trata de los ciudadanos Víctor Cruz Weffer, Adrián Velázquez, Claudia Díaz, Eudomario Carruyo, este último con larga trayectoria en Pdvsa, donde fue director de Palmaven, Deltaven, Pdvsa Marina y Citgo.

Sobre el caso de Weffer, en abril de 2007, la Fiscalía imputó al general retirado por los delitos de concierto de funcionario público con contratista, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos que debe contener una declaración jurada de patrimonio.

En marzo de 2012 la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Caracas —tomando en cuenta los argumentos expuestos por el MP— anuló la decisión del Tribunal 14° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC) que el 29 de marzo de 2011 absolvió a Weffer y ordenó un nuevo juicio.

Este caso fue engavetado y las investigaciones fueron paralizadas durante la gestión de Ortega Díaz en el MP.

Información de: AVN