Una victoria en los tribunales para Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al presidente que revoque el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en el país.
Con la decisión del Alto Tribunal, Trump tiene vía libre para cumplir con una de sus principales promesas de campaña: intensificar las deportaciones bajo la idea de expulsar a 11 millones de personas en condición de irregularidad en el país.
Así pues, la Corte Suprema suspendió la orden de la jueza federal Indira Talwani, con sede en Boston, que bloqueaba la decisión de la Administración con la que buscaba poner fin a este estatus migratorio.
El ‘parole’ humanitario cobijaba a unas 532.000 personas y fue concedido por el expresidente Joe Biden. Se trata de un permiso temporal contemplado por la ley estadounidense para permanecer en el país por “razones humanitarias urgentes o de significativo beneficio público”.
La decisión de la Corte expone a muchos de ellos a una deportación acelerada mientras el caso se resuelve en tribunales inferiores.
Dos de los jueces liberales del tribunal, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron públicamente. Sin embargo, como ocurre con las decisiones del Supremo con respecto a situaciones de emergencia, el fallo no fue firmado y no incluyó justificación.
Según un comunicado publicado por Jackson, el fallo de Supremo “subestima las consecuencias devastadoras de permitir que el Gobierno altere abruptamente las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de personas no ciudadanas mientras sus reclamos legales están pendientes”.
¿Cómo se llegó al fallo?
Recién llegado al cargo, Trump pidió el fin de los programas de libertad condicional en una de las múltiples órdenes ejecutivas que firmó.
Luego, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su cancelación en marzo. La decisión fue confirmada entonces por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno Trump, quien afirmó que iba a quedar sin efecto el 24 de abril.
La Administración Trump ha justificado esta decisión como parte de los procesos de «expulsión acelerada» que ha venido implementando.
Sin embargo, en abril, una jueza federal estimó que la medida del Gobierno Trump no podía llevarse a cabo. Indira Talwani cuestionó la capacidad de la Administración para cancelar el ‘parole’ humanitario y argumentó que los inmigrantes del programa que se encuentran legalmente en el país ahora enfrentan la opción de «huir del país» o quedarse y «arriesgarse a perderlo todo».
En ese sentido, determinó que la ley que regula dicha libertad condicional no permitía la terminación general del programa, sino que exigía una revisión caso por caso.
Entonces, el Gobierno Trump llevó el caso a la Corte Suprema. Un mecanismo que ya ha hecho en repetidas ocasiones cuando tribunales inferiores han pausado sus políticas migratorias y de otras materias. El Alto Tribunal cuenta en estos momentos con una mayoría conservador de 6 a 3 magistrados, tres de ellos, nombrados durante el primer mandato de Trump.
Tan solo la semana pasada, la Corte Suprema permitió que Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que Biden había otorgado a unos 350.000 venezolanos mientras se desarrolla esa disputa legal.
Con información de agencias
