La convocatoria extemporánea de las elecciones presidenciales anticipadas por el Consejo Nacional Electoral viola los derechos políticos de todos los venezolanos, circunscritos en nuestros derechos humanos y garantías constitucionales y se le considera Delito de Lesa Humanidad, advierte la ex rectora del organismo comicial Sobella Mejías.
Constitución en mano, Mejías recitó el artículo dos de la Carta Magna “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, subrayando esta última frase.
Las elecciones presidenciales han sido preparadas normal e históricamente con seis meses de antelación a su celebración, con el objeto de que el ente rector electoral pueda garantizar los principios constitucionales de imparcialidad,transparencia, igualdad, equidad, despartidización de los organismos subalternos y el rol protagónico de los ciudadanos en los asuntos políticos como es la elección popular del Presidente de la República, explico Mejías.
El CNE fue elevado precisamente a uno de los poderes públicos del Estado, con la debida autonomía, para garantizar la participación ciudadana y tiene la obligación constitucional de defender y garantizar el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular en cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y no para que realice las consultas electorales atendiendo requerimientos del gobierno o la oposición. No es el programa radial “complaciendo peticiones”.
De nuevo cita a la Constitución en su quinto artículo: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. El CNE se debe a la voluntad de los ciudadanos y sus derechos, remarcó.
El órgano electoral anuncia una fecha, cuyas fases y cumplimiento del cronograma electoral no garantiza principios de igualdad ni de imparcialidad, sino que se corresponde con la agenda política del partido de gobierno, no obstante, aun cuando el ente rector ha violado este principio de igualdad e imparcialidad, los factores democráticos trabajando de manera concertada con el pueblo y con este CNE han ganado referéndum y elecciones a los candidatos del oficialismo.
Dentro del marco constitucional, el Poder Electoral debe garantizar y generar las condiciones más favorables para que todos los ciudadanos participen libremente en los asuntos públicos, sobre todo en estos momentos de crisis política, social y económica para que el pueblo sea el protagonista de los cambios que requiere el país en beneficio del desarrollo y prosperidad, tanto individual como colectivo.
Debemos exigir a los órganos del Poder Público se cumpla la Constitución y las leyes que rigen la materia. El CNE debe publicar un cronograma que se ajuste a la realización de la elección presidencial, de manera justa, imparcial, equilibrada y transparente.
