Sumándose así al resto de sindicatos que a nivel nacional han ejercido esta acción constitucional pidiendo la nulidad de dicha normativa puesto que consideran que afecta directamente a todos los trabajadores y jubilados de la administración pública violando sus derechos humanos y laborables
Alberto Domínguez representante del sindicato de salud, dijo que esta normativa es el brazo ejecutor de la políticas antiobreras del gobierno nacional, pues hace retroceder hasta hace 40 años atrás al derecho a la progresividad laboral
Comentó Domínguez que muchos trabajadores desconocen qué es lo que cobran a través del sistema Patria que es quien discrimina los pagos, violando no solo el contrato colectivo sino derechos constitucionales de los trabajadores activos y jubilados e incluso convenios internacionales con la OIT
Hilda Peña secretaria General de Sinvemal informó que también los educadores se están sumando a la solicitud de nulidad del instructivo Onapre al igual que el resto de los educadores públicos de todo el país lo están haciendo
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“Queremos que el presidente Nicolás Maduro quien es el verdadero responsable de esta situación haga respetar los beneficios de todos los trabajadores, derogando esa normativo, dijo Peña
Informó que están a la espera de lo que digan las Federaciones Sindicales “pues si es necesario tomar nuevamente las calles, lo volvemos hacer por dignidad”. El trabajo no puede seguir aguantando el recorte de las primas asignadas desmejorando su calidad de vida y afectada por la situación país
Le hacen un llamado al gobernador Adolfo Pereira para que cumpla con su misión y cumpla asuma su responsabilidad, pues consideran no puede ser solo una figura decorativa ya que al reclamarle el retardo en el pago de deudas con el sector educativo que mantiene desde el 2021, responde que es responsabilidad de la Onapre
Alberto Perozo secretario del sector eléctrico en Lara dijo, que el valor del trabajo se ha perdido con esta normativa Onapre puesto que condiciona la discusión del contrato colectivo y lo que es más grave que los trabajadores están perdiendo sus años de servicio, sus prestaciones, su beneficios, por el pago de bono por lo que exigen un pronunciamiento de la Fiscalía y otros organismos nacionales ante esta dramática situación que atraviesan los trabajadores.
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