El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quiso hacer oficial la austeridad en su nuevo programa económico. El lanzamiento, este martes, de su reforma adelantó que se sanearán las cuentas públicas con una amnistía fiscal, un fuerte recorte en las instituciones públicas y más eficiencia en la recaudación para obtener mayores ingresos, evitando subir los impuestos. Con sus 14 propuestas, orientadas a cuatro objetivos, el Gobierno de Moreno ha conseguido una aceptación entre los analistas y el sector privado que fue imposible de alcanzar durante la gestión de su predecesor en el cargo.

De Rafael Correa paquetazo, como se dice en Ecuador. Pero para no dejar margen a interpretaciones, el presidente recalcó dos veces en la presentación de su nuevo programa económico que su Gobierno no va a “subir los impuestos” y que el aumento de ingresos tributarios llegará con una recaudación más eficiente.

La primera medida se centra en combatir la defraudación, las empresas fantasmas, los paraísos fiscales y el contrabando con la ambición de obtener 810 millones de dólares en tres años. También en materia de impuestos, se recuperarán más de 1.000 millones adicionales revisando con el fin de eliminarlos beneficios que favorecen a los que ganan más de 100.000 dólares y se aplicará una amnistía llamada “revisión tributaria” en el programa para las empresas de todos los tamaños, con la que pretenden reflotar 1.600 millones de dólares este año y 1.300 millones de dólares anuales en los siguientes. Junto a una subida de los aranceles en artículos de consumo como la ropa o los juguetes importados, estas propuestas ayudarán a Ecuador en su primer objetivo: recuperar el equilibrio fiscal de un presupuesto que ha disparado su déficit público de año en año.

Esta meta, de acuerdo con los reclamos tradicionales del sector empresarial, es imposible de alcanzar sin un ajuste del gasto público. Correa se negó siempre a aplicarlo, pese a la crisis económica provocada por la caída del precio del petróleo, pero Moreno le ha abierto la puerta por primera vez en 10 años con su segundo objetivo: reestructurar y optimizar al Estado. Según sus planes, el fisco se ahorrará 1.000 millones de dólares anuales reduciendo los presupuestos de las instituciones públicas, despidiendo a la mitad de los asesores, recortando los gastos en viajes o en alquileres y suprimiendo siete de las 22 empresas públicas. “Se mantendrán únicamente las que sean rentables económica y socialmente”, puntualiza el nuevo programa, haciendo alusión a las irregularidades y a la gestión deficitaria que se destapó, tras el cambio de Gobierno, en entidades como la aerolínea pública Tame, los medios de comunicación incautados o en las negociaciones de la petrolera estatal.

Atajado el gasto excesivo y mejorada la recaudación, la tercera incógnita que necesitan despejar las Finanzas ecuatorianas es el aumento de los ingresos por la vía productiva. Aquí se repite el anhelado objetivo de fomentar las exportaciones y atraer más inversión extranjera para que lleguen más dólares del exterior a una economía que no puede emitir billetes. Para ello, Moreno propone el también repetido mandato de aumentar el acceso al crédito productivo, simplificar la burocracia, intensificar las alianzas público-privadas y mejorar el clima de seguridad empresarial.

La calidad del empleo, en un país donde casi la mitad de trabajadores son informales, dependerá de los nuevos modelos de contratación específicos para sectores como el turístico, el agrícola o el pesquero que ya prepara el Ministerio de Trabajo. Eso sí, se crearán siempre “respetando íntegramente los derechos” laborales y sin olvidarse de la “economía popular y solidaria” que incluye a los artesanos y microempresarios.

El guiño definitivo al sector privado se concretó en una certeza y una promesa. La primera implica la eliminación del impuesto mínimo en el pago del anticipo al impuesto a la Renta. Según los empresarios, esta carga tributaria se asumía por adelantado y se aplicaba incluso cuando las empresas daban pérdidas. La segunda, tan lejana que se proyecta como un imposible, propone reducir gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas solo si algún día la balanza de pagos entre las exportaciones y las importaciones del sector privado llega a un equilibrio.

Las catorce medidas, pese a haberse presentado con casi un año de retraso y haberse pospuesto dos veces, han convencido a los gremios empresariales. Ahora, comentan, el peso de los ajustes está repartido entre el sector público y el privado; y ahora, ofrecen, es momento de arrimar el hombro para recuperar el ritmo del país. Pero también avizoran el siguiente roce: cómo pasará la receta económica del papel a la práctica.

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