El llamado “Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio” está dejando una imagen vergonzosa. La institución, que supone un bastión en el extranjero, está deteriorando su imagen por su incapacidad de organizar y lograr unas elecciones transparentes que permitan crear una nueva cúpula.
Fuentes de la institución judicial denuncian al portal Digital América, que el problema radica en la conducta del presidente Miguel Ángel Martín Tortabú, quien debió entregar el cargo en septiembre de 2019, pero que se ha negado rotundamente a la alternancia en el poder argumentando que “la situación en Venezuela es crítica, por lo que no es el momento de cambios”.
Una postura que ha dividido a los 25 magistrados del TSJ, ya que 13 se mantienen a favor de que Miguel Ángel Martín Tortabú siga en la presidencia de la institución, mientras que otros 12 consideran fundamental una rotación interna para “evitar caer en el mismo sistema que caracteriza al presidente Nicolás Maduro o como se vivió en Bolivia con Evo Morales”.
La situación parecía que llegaría a su final este lunes 2 de diciembre (tras dos intentos previos fracasados), cuando estaba convocada una sesión extraordinaria de plenaria donde se buscaría la elección de la nueva junta directiva. Sin embargo, una vez más ha sido imposible realizar el traspaso de poderes de forma regular, por lo que se generó una situación atípica en el núcleo de la institución.
Según el acta de la sesión plenaria, a la que ha tenido acceso el Periodista de Digital América (PD América), no se logró el quórum por la falta de 11 magistrados, los mismos que se han ausentado en las dos votaciones anteriores y que están favoreciendo a la permanencia de Miguel Ángel Martín Tortabú en la presidencia. Para frenar esta estrategia, la magistrada Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez propuso aprovechar que había una mayoría absoluta de la Sala Plena para insistir en que se realice la votación, por lo que “Miguel Ángel Martín Tortabú, sin causa justificada abandona voluntariamente el recinto donde se celebra la sesión”, indica el acta.
“Vista la falta accidental del Presidente del Tribunal, de conformidad a lo establecido en el Artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), el ciudadano magistrado Antonio Marval Jiménez en su carácter de 1er Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, pasa a suplir la falta del presidente y en consecuencia asume la dirección de la sesión de Sala Plena”, una situación que ha permitido elegir a la nueva cúpula del TSJ.
En este sentido, se establece que el TSJ en el exilio está conformado por:
Presidente: Mgdo. Antonio Marval Jiménez (Presidente de la Sala Político Administrativa).
Primer Vicepresidente: Mgdo. Pedro Troconis Da Silva (Presidente de la Sala de Casación Penal).
Segundo Vicepresidente: Mgdo. Domingo Javier Salgado Rodríguez (Presidente de la Sala
Electoral).
Director: Mgda. Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez (Presidente de la Sala
Constitucional).
Director: Mgdo. Rubén Carrillo (Presidente de la Sala de Casación Social).
Sin embargo, Miguel Ángel Martín Tortabú no ha reconocido a la nueva directiva del TSJ. A través de su cuenta de Twitter ha afirmado que “ante algunas desinformaciones, cumplo con informar que para la convocatoria de plenaria fijada para hoy con motivo de elegir una Junta Directiva, NO hubo el quórum reglamentario, por lo que se convocara para una nueva sesión. Seguimos apegados a la ley”.
Por qué hay un presidente ‘ilegítimo’
Como afirman fuentes del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabú habría violado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En concreto, el artículo 263, donde se deja claro que “para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere: 1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad”. Un requisito que no cumpliría por tener la nacionalidad española junto a la venezolana. Una situación que negó en varios ocasiones hasta que, finalmente, en junio de 2018 “manifestó que sí había tenido la nacionalidad española, pero que en fecha 14 de junio de 2017, antes de postularse para el cargo de magistrado, había renunciado a la misma por ante el Consulado General de España en Miami, USA”.
No obstante, se trataría de una mentira por parte de Miguel Ángel Martín Tortabú, según denuncia a este diario la periodista venezolana Virginia Linares, quien advierte que “el presidente del Tribunal Supremo de Justicia renovó su documentación española (DNI) el pasado 12 de mayo de 2017 [con una validez de 10 años], por lo que contaría con la doble nacionalidad vigente al momento de postularse para el cargo de magistrado”, según le ha confirmado la propia Administración Pública de España. En este sentido, saltan a la luz nuevas pruebas que ponen en ‘jaque’ la permanencia del actual presidente del TSJ en el exilio, quien estaría violando un artículo constitucional.
Los magistrados que están en contra de la permanencia de Miguel Ángel Martín Tortabú denuncian que “con su nueva candidatura para el cargo, se quiere convertir en un presidente vitalicio. A pesar de que incumple la constitución por su doble nacionalidad y que está ejerciendo cargos en la Organización de Estados Americanos (OEA) que le generan un cuantioso salario que le permitió tramitar una costosa visa G4″. Con la polémica sobre la mesa, la política ha terminado de separar a los magistrados del TSJ en el exilio, ya que un grupo ha mostrado su apoyo a las tareas de Juan Guaidó como líder de la oposición, mientras que otro sector espera que el liderazgo caiga en otras manos.
Hay quienes piensan que la lucha por el poder en el TSJ en el exilio, esta vinculado al tema del control de los fondos que le asignan a este cuerpo, así como el acceso que se tiene en las altas esferas del poder político en EEUU, similar a lo que hoy vive la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, quien no la tiene fácil con el escándalo de corrupción que compromete a muchos dirigentes de su entorno.
Fuente: Digital América
