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Mujeres venezolanas piden decretar emergencia por aumento de feminicidos en el país

Ante las alarmantes cifras de 171 femicidios durante 2019 y 25 femicidios en lo que va de 2020 organizaciones feministas venezolanas exigieron durante una rueda de prensa que se decrete la Emergencia Feminista en nuestro país. Denunciaron que la Ley de la mujer a una vida libre de violencia no es acatada por las autoridades y que existen debilidades por parte del Estado.

Las mujeres aseguraron que han presentado las deficiencias del sistema y que han participado en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, el incremento de los casos durante el mes de enero, pone en evidencia que sus demandas no han sido atendidas. El levantamiento de la información se inició el pasado junio de 2009. En dos años el Ministerio Público ha recibido 8.966 denuncias de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.  Convocaron para el próximo 8 de marzo a una concentración para exigir que el respeto a los derechos de las venezolanas.

A continuación el comunicado completo presentado por las organizaciones:

Nosotras, el movimiento feminista autónomo, individualidades y movimientos sociales mixtos, así como familiares y amigxs de mujeres víctimas de femicidio, ante el alarmante aumento de violencia machista, decidimos realizar acciones en conjunto, que permitan dar a conocer a la sociedad en pleno, la realidad que vivimos en el país. Diversas iniciativas desarrolladas individual y colectivamente, encuentros, intercambios y los espacios asamblearios de articulación feminista, nos han llevado a asumir la etiqueta #JusticiaParaTodasLasMujeres, como contenedor de contenidos compartidos por las redes sociales virtuales referidos a las violencias machistas, con especial énfasis en los femicidios.

A finales del 2019, y respondiendo a la convocatoria intercontinental realizada por diversos movimientos feministas del mundo, incluimos el uso de la etiqueta #EmergenciaFeminista, que fue rápidamente aceptada gracias al trabajo de seguimiento y conteo de los femicidios registrados en medios digitales bajo el uso de Inteligencia de Fuentes de Códigos Abiertos (OSINT), así como el trabajo del Voluntariado de Acompañamiento Mayell Hernández; de los que resultaron la obtención de cifras, que nos llevan a exigir al Estado, hoy como en décadas pasadas, acciones contundentes.

Convencidas de la necesidad de contar con un Sistema Judicial expedito y certero para los casos de violencia contra las mujeres, dispuesto a sancionar con todo el peso de la ley delitos, por demás crueles y particularmente terribles para una sociedad en búsqueda de igualdad y equidad, decidimos el #25N2019 marchar desde la plaza El Venezolano hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Caracas, con la certeza de que el Estado y todos sus poderes, en especial el poder judicial, tienen responsabilidad primigenia en el esclarecimiento de cada uno de los casos de femicidio y violencia contra las mujeres, debidamente tipificado en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV).

En el TSJ fuimos atendidas por el Magistrado Maikel Moreno, presidente del máximo órgano judicial, abriendo espacio para la creación de una mesa de trabajo en conjunto con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Equidad de Género. Éste último ente también nos convocó junto a otros movimientos para aportar en las discusiones y propuestas que competen al mismo.

Reconocemos de parte de la institucionalidad la voluntad política de escuchar nuestras demandas, sin embargo, han sido la burocracia, las dinámicas partidistas (movilizaciones de calle) y la pretensión de la resolución del conflicto a través acciones aisladas basadas en la regularización de procesos particulares a nivel judicial, lo que no ha permitido una efectiva implementación de políticas públicas para revertir la situación de violencia machista extrema en la que está sumergido el país.

Como advertimos, la violencia contra las mujeres ha continuado de manera alarmante su escalada; terminamos el año 2019 con 167 femicidios registrados en medios digitales, es decir, al menos una mujer asesinada por el hecho de ser mujer cada 52 horas. El año 2020 seguimos observando un aumento alarmante en las cifras; registramos 25 femicidios hasta el 27 de enero; lo que implica que al menos una mujer, adolescente o niña ha sido asesinada por razones de género cada 26 horas. Números que advierten, que de no accionar pronto, los femicidios seguirán en ascenso.

Con suma indignación hemos escuchado el reporte dado por el Fiscal General de la República el día 27 de enero, donde declara que durante los 905 días de su gestión, la fiscalía ha registrado 8.966 casos de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes. Ésto implica que diariamente hay al menos 10 denuncias, una cada 145 min. El fiscal señala que su despacho ha solicitado 837 órdenes de aprehensión, ha imputado 4.335 personas, de los cuales 3.289 han sido acusadas y de todos estos sólo 1.340 han sido condenadas. Desconocemos las cifras de denuncias de abuso sexual contra mujeres e inferimos cuantiosos casos de este tipo de violencia que viene naturalizándose en nuestro país de una forma alarmante.

El Presidente de la República Nicolás Maduro, así como el Comandante Chávez, se han declarado feministas, por lo que esperamos atienda este llamado para que el Estado Nacional y Revolucionario se avoque a atender la Emergencia. Sabemos, por declaraciones de la ministra Asia Villegas, de la activación de mesas de trabajo y de reuniones bilaterales entre los entes involucrados, saludamos la apertura de estos espacios y esperamos que signifiquen la activación de las instituciones para una solución acorde con la magnitud del problema, que comienza, desde nuestro punto de vista, con el reconocimiento estatal de la serie de errores y omisiones que hoy pesan sobre el sistema, su eficiencia y eficacia; entre los que podemos mencionar, especialmente, el ostracismo con el que se han manejado las cifras oficiales, desconocidas para la sociedad desde el año 2016.

Una profunda preocupación nos causa la corrupción que a viva voz se palpa y se ve en nuestro sistema judicial y policial, sabemos que es un lastre que traemos de tiempos pasados y que se agrava con la descomposición moral resultante de la crisis estructural del capitalismo, pero siendo que nos afecta profundamente a todas y todos, debe convertirse en prioridad número uno en la construcción del Estado revolucionario.

Es en este sentido que hacemos públicas, de nuevo, lo que en nuestra experiencia de acompañamiento son las grandes fallas del sistema, así como los cambios inmediatos y de mediano plazo que consideramos deben tomar autoridades del Estado para que se dé la necesaria y efectiva respuesta a la #EmergenciaFeminista que tristemente enfrentamos como sociedad en estos momentos.

1. Sobre la recepción de las denuncias de violencia: Es bien conocida la resistencia de funcionarios y funcionarias en los órganos receptores de denuncias a recibir y atender denuncias en materia de violencia contra la mujer. Lo que se traduce en:

a. Largas esperas en el sistema para ser atendida.

b. Múltiples alcabalas donde se debe contar una y otra vez la problemática que se vive para convencer a porteras y porteros, recepcionistas, policías y fiscales de que se es víctima de violencia machista.

c. Prohibición de las instituciones de recibir a las mujeres en situación de violencia con acompañamiento de familiares, amigxs, consejos comunales y organizaciones dedicadas a este menester, incumpliendo así lo establecido en los artículos 37 y 70 de la LOSDMVLV.

d. El ruleteo entre los órganos receptores de denuncia para poder formalizar la misma.

e. Discriminación del tipo de violencia que las mujeres pueden denunciar, pues la mayoría de funcionarios -y por lo tanto instituciones- no aceptan denuncias por acoso y hostigamiento, amenazas de muerte y violencia psicológica o patrimonial, a pesar de encontrarse tipificadas en nuestro marco jurídico.

f. Discriminación y revictimización a las mujeres para ingresar a las instituciones por la forma en la que están vestidas, aludiendo protocolos de vestimenta no establecidos en la ley como requisito para tener acceso a la justicia.

g. Objeción de recibir denuncias en el marco de la LOSDMVLV cuando se cruzan temas de hostigamiento y desalojos arbitrarios o forzosos de inmuebles y tierras, exponiéndose a las mujeres a la doble discriminación de clase y de género.

2. Sobre las medidas de protección y seguridad:

a. Los funcionarios o funcionarias de los entes receptores de denuncia, retrasan la redacción y entrega de medidas de protección a las mujeres en situación de violencia, lo cual implica un riesgo grave para su seguridad.

b. Los órganos de seguridad policiales no hacen cumplir las medidas de protección establecidas en la LOSDMVLV.

c. No existe un número telefónico especial para atender de forma expedita y certera los casos de violencia de género. Los números creados para tales fines, como el 911, no priorizan denuncias por estos casos, y el 0800 MUJERES no responde las llamadas.

d. Las medidas se vuelven de imposible ejecución al tratar de garantizar la protección de las mujeres en mayor riesgo, por no contar con, prácticamente, ninguna casa de abrigo en el país, violando así el Estado lo establecido en el artículo 32 de la LOSDMVLV.

e. Las autoridades e instituciones responsables de dictar medidas cautelares contempladas en la ley (medida de presentación, de privación de libertad, entre otros) no llevan a cabo el seguimiento sistemático de los casos para comprobar que se estén respetando las medidas asignadas al agresor.

f. Es de vital importancia que se deje de usar a las víctimas como mensajeras de tribunales, fiscalías y policías, obligándolas a entregar citas oficiales y medidas cautelares. En muchos casos, se les expone a un riesgo innecesario frente a su perpetrador, tergiversando e incumpliendo lo establecido en las leyes y desviando funciones que son institucionales.

g. La falta de disposiciones y formas adecuadas para la protección de las mujeres a la seguridad jurídica o de otra índole a la tenencia de un hogar cuando son víctimas de un desalojo de un inmueble o de la tierra.

3. En cuanto a los procesos judiciales:

a. Llamamos la atención sobre la imposibilidad que tenemos como Poder Popular de hacer uso del derecho a realizar contraloría a las actuaciones de los tribunales en materia de violencia, siendo que estos no permiten ni siquiera el ingreso en sus instalaciones de las organizaciones sociales y personas naturales a las que se refiere la Ley Orgánica de Contraloría Social o el artículo 120 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

b. Denunciamos el discurso y la práctica de los organismos del Estado que desvían su responsabilidad de investigación y demás actos procesales, atribuyéndolo a las mujeres en situación de violencia o sus familiares, de modo que se ven forzadas a llevar a cabo investigaciones, búsqueda de testigos, evidencias, etc., pues de lo contrario sus casos son paralizados, sobreseídos o simplemente absueltos “por falta de pruebas”. En el discurso – generalizado por demás-, se suele culpabilizar a las denunciantes por los casos que terminan en archivo fiscal o sobreseimiento, aduciendo que no han procedido por razones que les son imputables. Esta práctica desconoce las atribuciones legales del Ministerio Público previstas en la LOSDMVLV, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como la responsabilidad de velar por el respeto y ejercicio efectivo del derecho a la justicia, representación judicial y extrajudicial de las mujeres víctimas de violencia de género.

c. Aunque la LOSDMVLV establece en su artículo 37 que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres podemos intervenir en los procedimientos, así no nos hayamos constituido como querellantes, los tribunales hacen imposible el cumplimiento al no permitirnos el acceso o el acompañamiento a quien se enfrenta a un sistema adusto y frío para cualquier ciudadana común.

d. Extravío de evidencias de la cadena de custodia. Por todo lo anterior demandamos:

1. Sean publicadas cifras oficiales

2. Se habiliten casas de abrigo, en por lo menos cada estado del país, de manera inmediata.

3. Se eliminen códigos de vestimenta especiales para el acceso a las instituciones del sistema de protección y justicia para las mujeres, para impedir que este sea un obstáculo en el acceso a la justicia que tenemos todas las venezolanas.

4. Se exija a las instituciones delegadas para la investigación fiscal, investiguen diligentemente cada denuncia recibida sin que medie la intervención de las víctimas.

5. Se reciban, procesen y actúen contra las denuncias por la perturbación a la posesión pacífica de inmuebles o tierras y contra desalojos arbitrarios y forzosos.

6. Emane del TSJ una directriz clara que permita la viabilidad del artículo 37 de la LOSDMVLV.

7. Se sancione de forma ejemplificante a toda y todo aquel funcionaria o funcionario público que obstaculice, por acción u omisión, al discriminar el trámite de denuncias, según el tipo de violencia o denunciante, previstos en la LOSDMVLV.

8. El Estado Nacional declare la Emergencia Feminista ante el aumento de femicidios, abusos sexuales, y en general el incremento de casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

9. Se convoque a los movimientos, organizaciones sociales, familiares, compañeros y compañeras de las víctimas, y personas que accionan desde los feminismos en la defensa de los derechos de las mujeres, a participar protagonicamente del diseño de políticas públicas en la materia.

10. Se desarrollen campañas preventivas, de manera permanente, sobre la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, difundida obligatoriamente y con frecuencia por medios tanto digitales como impresos y audiovisuales, en las que no se revictimice, no se culpabilice, ni responsabilice a las mujeres víctimas de una situación que compete a la sociedad.

11. Se apruebe un presupuesto especial que permita atender la Emergencia Feminista en prevención y atención inmediata.

12. Se implementen dentro del sistema educativo público y privado asignaturas y programas de formación dedicados a la educación sexual con el fin de dar herramientas a niñas, niños y adolescentes para detectar cualquier violencia sexual y dar a conocer los protocolos correspondientes en caso de que esta ocurra.

Los movimientos feministas, individualidades y otras organizaciones sociales del Poder Popular sumados a la lucha, exigimos que se tomen acciones inmediatas para detener la oleada de femicidios y la escalada de la violencia machista en el país. No descansaremos hasta que se tomen medidas que tengan un impacto positivo y real en la cotidianidad. Queremos justicia y seguridad para todas las mujeres; mientras no sea así seguiremos declarando #EmergenciaFeminista en todos los espacios donde accionemos como articulación, desde nuestras organizaciones particulares y acciones individuales.

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