Un tribunal de apelaciones brasileño dirá el miércoles si el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva es culpable de corrupción, en un fallo que puede liquidar sus ambiciones de volver al poder e incluso llevarlo a la cárcel.
Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada en julio por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría además el panorama de las ya inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito.
El Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos y movimientos sociales organizan caravanas de centenas de autobuses hacia Porto Alegre (sur), donde se llevará a cabo el proceso, y convocan actos en Sao Paulo, donde el exmandatario (2003-2010) debería aguardar el veredicto.
El PT recurre a una retórica incendiaria para motivar a los simpatizantes de Lula, que sigue gozando de gran popularidad en regiones y sectores que se beneficiaron de sus políticas de distribución de renta.
“Para detener a Lula, van a tener que detener a mucha gente pero, más que eso, van a tener que matar gente”, advirtió la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, en una entrevista publicada el martes por el medio Poder360.
Grupos de derecha también organizan concentraciones para denunciar a Lula.
Asociaciones de magistrados mostraron preocupación por las amenazas que proliferan en las redes sociales contra los tres jueces del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), a cargo del caso.
El alcalde de Porto Alegre llegó a pedir el apoyo del ejército para evitar desbordes.
Lula, de 72 años, fue condenado como beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.
Información de Globovisión
