Según los expedientes de la Fiscalía General de la Nación, a “La Bestia”, como es llamado Garavito, se le acusa de abusar sexualmente y asesinar, por lo menos, a 172 niños entre 1980 y 1999. Para esa época, Luis Alfredo Garavito se convirtió en uno de los principales objetivos del Cuerpo Técnico de Investigación, que logró capturarlo en 1999 y meterlo a prisión, en la que ha estado hasta la fecha.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario pidió la libertad condicional de Luis Alfredo Garavito, el confeso asesino y violador de más de 150 niños y niñas en distintas zonas de Colombia, Venezuela y Ecuador.
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Desde entonces, el pederasta fue condenado a la pena máxima en Colombia, equivalente a 40 años de prisión, de los que ha logrado descontar 27 por sus años de cárcel y su buen comportamiento intramural que le ha otorgado beneficios.
Precisamente, el hecho de que haya cumplido con tres quintas partes de su condena y que reporte una conducta que “ha sido calificada en el grado de ejemplar” es lo que hoy permite que su libertad esté a pocos pasos. Según su cartilla biográfica en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Garavito no ha tenido anotaciones negativas desde marzo de 2013.
“A mí me parece absurdo esto que está pasando. No me cabe en la cabeza que haya interesados, aparte del hampón y su apoderado, que quieran que quede en libertad un hombre como Luis Alfredo Garavito. Estamos hablando de un asqueroso hampón que secuestró, torturó y asesinó a más de 150 niños”, dijo Yohana Jiménez, hija de la fallecida ex-senadora Gilma Jiménez y quien ha luchado por la cadena perpetua para violadores de menores en Colombia.
Jiménez igualmente señaló que este hecho demuestra la necesidad de la cadena perpetua para violadores. “La cadena perpetua tiene que ser un hecho en Colombia. Ya la habíamos logrado, pero la Corte Constitucional consideró que estaban por encima los derechos de los hampones de los derechos de los niños que son prevalentes, según la Constitución”, sostuvo y cabe destacar que Garavito cumple una pena de 40 años de cárcel, rebajados a 24, por crímenes que en realidad le costarían más de 1.800 años en prisión.
