La diputada Cilia Flores de Maduro considera que el problema detectado por el Consejo de Estado en el sistema de justicia no es nuevo. “Es un problema estructural que ha generado situaciones coyunturales, han surgido problemas como el hacinamiento, uno de tantos”, explicó Flores durante la instalación de la Comisión Especial para la Revolución Judicial.
La parlamentaria reveló que dicha instancia le dará prioridad al tema de la justicia penal, sin descuidar las otras áreas judiciales. Apuntó que el hacinamiento en los centros de detención preventiva es consecuencia del retardo en el procesamiento judicial a los presos recluidos en esos sitios.
“Cuando hay retardo procesal eso se presta a que haya corrupción, que es un problema a resolver”, resaltó. La diputada explicó que si en Venezuela los juicios se llevaran a cabo en los tiempos establecidos por las leyes, con las debidas garantías, se le cerrarían las puertas a la corrupción y desaparecería el hacinamiento en los establecimientos carcelarios.
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“El que entra (a una cárcel) porque cometió un delito, inmediatamente se ve si es un delito menor, si es un delito que amerita privativa de libertad, una sustitutiva y si es un delito que se demuestra que la persona es inocente, pues sale inocente”, detalló.
El retardo en los juicios penales fue el foco principal de las reflexiones de Flores. A ella le preocupa que personas inocentes estén tras las rejas. “Si con los años que esté allí detenido (una persona) se demuestra que podía haber salido con una sustitutiva y lo que se le hizo fue dañar la vida a él y a una familia”, reflexionó ante jueces, fiscales convocados al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo donde se instaló la Comisión Especial.
Con especial interés, Cilia Flores se dirigió a los operadores del sistema de justicia presentes en la sesión de instalación de la Comisión Especial. Los llamó a no invisibilizar a las víctimas para lo cual recomendó establecer responsabilidades sobre aquellas personas que cometieron un delito.
“Para los delitos graves, por ejemplo, las personas no deben estar en un centro preventivo, sino en una cárcel permanente”, acotó. Y son esos detalles que deben ser vigilados por los operadores del sistema de justicia, precisó Flores. “En el momento en que se ve que hay una injusticia se debe tomar la decisión porque seríamos cómplices”, dijo la diputada.
“Si estamos viendo una injusticia y si no tomamos una decisión, el juez, el fiscal, el defensor, estaríamos todos siendo cómplices de una injusticia”, recalcó la parlamentaria.
Juicio en libertad. La magistrada Lourdes Suárez Anderson también intervino en la sesión de instalación de la Comisión Especial y se concentró en defender el principio constitucional de que las personas sean juzgadas en libertad.
“La idea fundamental del derecho penal es el juzgamiento en libertad”, recordó Suárez Anderson, quien es presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “Imponer una privativa de libertad desde el inicio de una investigación significa una imposición anticipada de la pena corporal”, comentó.
Suárez advirtió sobre el “grave daño” que se le puede causar a las personas que privan de libertad al inicio de las investigaciones y que al concluir el juicio resultan inocentes. En ese sentido, recordó que la Carta Magna concede amplias facultades a los jueces, para conceder medidas cautelares a las personas procesadas, dando con ello oportunidad de ser juzgadas en libertad.
La magistrada refirió que la Constitución establece la incorporación progresiva del penado a la sociedad, por lo cual no se puede pretender que esa persona esté privada de libertad más allá de las condenas impuestas. “Debemos guiarnos por los principios del derecho internacional, de los derechos humanos, derecho penal y saber que la guía fundamental debe ser el juzgamiento en libertad; con eso se puede aligerar el problema de hacinamiento”, acotó Suárez.
Equipos de trabajo.
A su momento, el diputado Diosdado Cabello explicó que ya fueron designados los equipos que abordarán los centros de detención preventiva. Para ello, el país fue dividido en seis regiones judiciales operativas, explicó.
Cada región debe tener un estado mayor del sistema de justicia conformada por al menos un juez, un fiscal del Ministerio Público, un defensor público, un delegado de la Defensoría del Pueblo y un funcionario de los ministerios de Interiores y del Servicio Penitenciario. El estado mayor también contará con la participación de tres diputados a la AN así como un funcionario de la gobernación o protectorado, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y del Cicpc.
“No estamos pidiendo que liberen a narcotraficantes, asesinos, violadores de niños, no”, aclaró Cabello al tocar el punto del abordaje a los centros de detención preventiva.
Metodología
La Comisión Especial será replicada en las seis regiones operativas judiciales en que fue dividido el país para el abordaje en los retenes, según la metodología presentada en la sesión de instalación.
La región central abarca Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo. Oriental: Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui y Monagas. Sur: Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. Occidente: Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy. Los Llanos: Guárico, Apure, Barinas y Portuguesa.
La metodología de trabajo implica: visita al centro de detención preventiva (cada sede policial u organismo de seguridad tiene celdas para procesados); acta de instalación, recorrido por el recinto, verificación de la data general de los detenidos, levantamiento de la ficha de atención jurídica, entrevista al privado de libertad y decisión judicial inmediata para los casos que así lo ameriten.
“El TSJ y la Fiscalía deben tomar todas las medidas administrativas que garanticen llevar los expedientes a los retenes”.
Con información de UN
