El periodista de este medio digital, Orlando Avendaño, narra cronológicamente como se desarrolló la investigación que sacó a la luz pública la aprobación de una partida millonaria, para cancelar 5 mil dólares mensuales con retroactivo a los diputados de la oposición que respaldan a Juan Guaidó.
A las 11:45 de la noche del domingo 19 de abril recibí una llamada: «Acordaron un pago de cinco mil dólares a cada diputado, a cada embajador y a cada magistrado». A esa llamada agregamos a otra persona, funcionario del Gobierno interino de Juan Guaidó, quien nos dijo: «En efecto. De hecho, pasaron una nómina que supuestamente va a la OFAC para la liberación de esos recursos. Yo no les creo».
Cinco mil dólares por diputado. Poco antes el mismo Juan Guaidó había anunciado, bajo el eslogan de #HéroesDeLaSalud, una dádiva de $100 a cada médico. Los cálculos llegan naturalmente: un diputado vale cincuenta médicos, un diputado estaría cobrando no sé cuántas veces lo que gana un venezolano promedio, a un diputado le entra esa plata, que no es cualquier cosa, en medio de una crisis humanitaria y en el país más miserable de la región; son recursos que acaban de desbloquer y aprobar. Es un escándalo.
El 15 de abril, hace ya casi diez días, la Asamblea Nacional aprobó en sesión virtual el acceso a unos fondos que recientemente había descongelado el Gobierno americano. Ochenta millones de dólares, que repartirán así: 4 millones 529 mil para seguridad y defensa de la democracia; 5 millones 547 mil para la prensa libre (?); 8 millones 803 mil para las relaciones internacionales (las embajadas); 35 millones 930 mil para la asistencia social; 9 millones 203 mil para costos de implementación del presupuesto; 1 millón 986 mil para funciones de la Contraloría; y 14 millones para la Asamblea Nacional y los diputados.
Lo anterior está aprobado y la duda era sobre cuál sería el monto exacto que terminaría en la mano de funcionarios. Según me decían las dos personas con las que hablaba a las 11 de la noche del domingo 19 de abril: 5 mil dólares.
A ambos les pregunté por un documento que corroborara el monto y me aseguraron que la cifra había sido acordada en secreto. Les insistí en que yo quería hacer pública la información, pero temía que sin documento ocurriera lo que al final terminó ocurriendo: el Gobierno interino rectificaría ante el escándalo, alterarían la cifra y acusarían de fake news y estar coludido con el régimen al medio que publicara la información.
Para ese domingo, yo ya andaba trabajando en una pequeña investigación periodística sobre unos presuntos esfuerzos de unos partidos opositores para entorpecer la voluntad de Primero Justicia de impulsar una investigación contra el banquero Víctor Vargas, cercano al chavismo y acusado de corrupción. Como estaba enfocado en ese trabajo, hablé con nuestra periodista Sabrina Martín para comentarle lo de la supuesta cifra acordada entre los diputados y pedirle que me ayudara a investigar un poco.
Entre ese domingo y la mañana de este 23 de abril, ambos hablamos con un total de 9 diputados. Yo, con el objetivo de armar la historia sobre Víctor Vargas y Sabrina para corroborar lo que me habían dicho las personas el domingo. Aunque a los diputados con los que yo hablé les pregunté sobre la investigación contra Vargas, al final de las conversaciones me referí al supuesto pago. Ninguno me desmintió la cifra de $5 mil dólares. Tres me justificaron el pago; y uno, de Primero Justicia, me dijo: «No te puedo dar cifra, pero te aseguro que el monto es grande».
Por su parte, Sabrina armó una nota que publicó el 22 de abril. El artículo, tituladoVenezuela: diputados empezarán a recibir «apoyo económico» tras 5 años sin cobrar, soleó algunas de las informaciones que luego reventarían en la polémica de este 23 de abril. La diputada adeca Larissa González, por ejemplo, le dijo a Sabrina que «hasta ahora no hay nada concreto y no sería un sueldo, sino un apoyo para actividades propias de la actividad parlamentaria». Asimismo, escribe Sabrina: «Por su parte, diputados de Voluntad Popular y la Fracción 16 de julio confirmaron la existencia del fondo económico y ambos coincidieron en su necesidad». Sabrina también preguntó por los 5 mil dólares y ninguno le negó el monto.
Finalmente a las 2:33 de la tarde de este jueves 23 de abril, un editor del PanAm Post compartió en nuestra oficina virtual una nota escrita por el periodista Joshua Goodman de Associated Press titulada Fuentes: aliados de Guaidó reciben tajada de presupuesto. Nuestro editor dijo: AP confirma lo que sabíamos.
La nota de Associated Press escrita por Goodman cumple con las condiciones de la buena praxis periodística. A mí me encabrona, por ejemplo, cuando algunos que en su vida han leído un artículo periodístico completo andan repartiendo lecciones. En este caso, hubo cientos de esfuerzos por tratar de desacreditar el trabajo de Goodman por su utilización de un atávico recurso en el periodismo: la fuente anónima. «La fuente anónima es a veces la única llave de acceso a una gran historia, levantando el telón de la corrupción y logrando que se cumpla con la misión periodística de hacer que los poderosos rindan cuentas y los ciudadanos estén informados», se lee en la web de la prestigiosa Society of Professional Journalists. Y eso fue precisamente lo que logró Goodman. Pero lo hizo, además, sin ceder a los riesgos inherentes de utilizar el pantanoso recurso de la fuente anónima: claramente trianguló la información, como queda explícito en la nota.
Los diputados de la oposición venezolana acordaron pagarse a sí mismos $5 mil dólares al mes, con retroactivo a enero y hasta diciembre. Es decir: 60 mil este año. Lo hicieron de forma secreta, además, por temor a la opinión pública. Todo lo anterior fue lo que reveló Goodman gracias a su valiente esfuerzo periodístico.
Nosotros, como corresponde, cubrimos la liviandad y agregamos información adicional: yo mismo contacté a un alto funcionario de la OEA y le pregunté que si era verdad que, como decía Guaidó, estos recursos iban a ser auditados por la Organización; me dijo que no, lo escribió Sabrina. Agregamos, además, la información sobre lo que ya habíamos hablado previamente con otros diputados. Click al botón de publicar y… servida la polémica.
Por alguna razón, parte de la tropa de redes sociales disparó sus baterías contra nosotros, el PanAm Post, como si nunca hubiera existido la nota de Associated Press —como si nos hubiéramos convertido para la oposición en lo que el imperio fue para Chávez—. La otra parte sí cargó contra Joshua Goodman de la misma forma en la que ha cargado contra nosotros por llevar meses diciendo la verdad. «Palangristas», «mercenarios», «chavistas». Uno de los mensajes más simpáticos lo escribió la old fashion presentadora de televisión, ya venida a menos, Carolina Gómez Ávila: «A mí no me preocupan los pasquines —hablando de nosotros, supongo—, me preocupan las agencias internacionales de noticias. Si el largo brazo de la dictadura ya compró a periodistas de Reuters o Associated Press, estamos en otro tipo de problemas».
Es la muy desgastada maniobra sincronizada de matar al mensajero cuando el mensaje irrita. Y, como nuevamente el mensaje incomoda a quienes supuestamente enfrentan a los malos, entonces naturalmente el mensajero es también de los malos. Lo que es bastante mediocre, por cierto, sobre todo esta semana, cuando ya el Gobierno interino le declaró la pelea a dos de las agencias internacionales más importantes del mundo: AP, por lo de Goodman; y a Reuters, por revelar que la oposición y el chavismo no guardan tanta distancia entre sí como quieren hacer creer. Muy torpe y muy poco inteligente tocar los tambores de guerra contra el Cuarto poder, como diría Edmund Burke.
A eso de las nueve de la noche, luego de varias horas en las que ningún diputado había desmentido la nota, el Gobierno interino publicó un comunicado que, a mi juicio, fue más una rectificación que una negación. Confirman que se aprobaron recursos millonarios para la Asamblea, dicen que de esos recursos saldrá plata para pagarle «los ingresos personales de los diputados como su funcionamiento, y del Parlamento»; además, el comunicado termina con una perla que quedará para siempre como muestra de las relaciones de la oposición venezolana con la prensa: «Recordamos a la población la importancia de consultar las fuentes oficiales del Gobierno legítimo y la Asamblea Nacional para evitar ser víctimas de la desinformación». Digno del Ministerio de la Verdad orwelliano. Y, para colmo, Freddy Guevara de Voluntad Popular, al compartir el comunicado, escribió en Twitter: «Importante leer y difundir, para que no seas engañado por los mismos de siempre». Ahora al club de los-mismos-de-siempre acaba de ingresar AP, ese que hasta hace dos días era un medio amigo.
Lo más absurdo de toda la cuestión del comunicado y el escándalo, es que apenas el Gobierno interino publicó la respuesta oficial, la horda colérica, ahora con el pecho hinchado, gritó: «¡Ven, que el panamposssss sí miente!».
Si tan solo Nixon hubiera sabido la fórmula: con un «comunicado oficial desmintiendo», se habría resuelto Watergate. Y así, el Gobierno interino de Juan Guaidó, ese del escándalo del 23 de febrero, del 30 de abril, de Oslo, de Cúcuta, de los diputados comprados, de los Bono 2020, la reincorporación de chavistas a la Asamblea, de más y más diálogos, de las relaciones con partidos vinculados a la corrupción, de la opacidad en el manejo de los fondos, el que mintió sobre que supuestamente la OEA auditaría sus fondos, le ganó la partida a AP, esa agencia americana que apenas puede alardear de 52 premios Pulitzer. Ah, y al PanAm Post, que con orgullo y apego a la libertad nos hemos ido construyendo, poco a poco.
Por Orlando Avendaño
