La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó sustraer de Lara y radicar en Caracas el proceso judicial iniciado contra Jorge Omar Wakfie Abdelnour y Mitchel Fannoun Wakfi, acusados de lavar dinero del narcotráfico comprando aeronaves, según se lee en la sentencia N° 130 redactada por el magistrado Maikel Moreno.
La decisión del máximo tribunal del país obedece a una solicitud de radicación formulada por los fiscales Keitwerr Radamés Peña Marreo y Liliana Yaneth Herrera Ardila. Fundamentaron la radicación en la gravedad de los hechos, configurativos de delitos “de gran impacto social y colectivo”. Peña y Herrera sostienen que los dos empresarios acusados de legitimación de capitales “poseen la capacidad y los recursos para influir negativamente en el desarrollo del proceso penal, lo cual pudiera afectar una correcta administración de justicia, libre de obstáculos que afecte la imparcialidad de los jueces y la autonomía judicial”.
De hecho, el origen de los recursos que poseen Jorge Omar y Mitchel Fannoun fue develada a raíz de una investigación iniciada en marzo de 2018 por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Lara de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Esa unidad determinó que la aeronave BeechCraft, modelo Super King 200, siglas YV3284, siniestrada en Belice con 2 toneladas de cocaína, era propiedad de los empresarios larenses y había despegado desde Venezuela el 14 de marzo de 2018.
También se determinó que dicha avioneta forma parte de la compañía King 200 BB 1297, C.A con asiento en la zona industrial de Barquisimeto (Lara) y cuyos dueños son Jorge Omar y Mitchel Fannoun. En su defensa, estos empresarios dijeron que esa aeronave siniestrada en Belice fue vendida por 500 mil dólares a Asdrúbal Solórzano y Carlos Alberto Alburjas. Pero cuando la Fiscalía le solicitó el documento de compra-venta, éstos no lo exhibieron. Haber ocultado esa venta, junto a otros elementos, le llevó a concluir al Ministerio Público que Jorge Omar y Mitchel Fannoun utilizaban la compañía King 200 BB 1297 para la legitimación de capitales provenientes del tráfico de drogas.
Al analizar el expediente, los magistrados consideraron procedente declarar ha lugar la radicación propuesta por los fiscales Peña y Herrera. Esto, en aras de asegurar “una correcta administración de justicia”, en criterio de la Sala Penal. En consecuencia, ordenaron radicar en Caracas el proceso iniciado en Lara contra los dos empresarios. La Sala indicó que el tribunal de Caracas donde recaiga dicho expediente debe “darle celeridad procesal, cumpliendo con el fin único del proceso, que no es otro que la búsqueda de la verdad y de la justicia”.
Fuente: UN
