El juez Federal de EEUU Randolph Moss ordenó que se haga efectivo el decomiso del avión venezolano de la empresa Emtrasur, retenido desde el año pasado en el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina.
El magistrado argentino que interviene en la causa, Federico Villena, por el momento, no ha recibido ninguna solicitud al respecto.
El pedido oficial partió del fiscal Rajbir Datta, quien requirió el pasado miércoles a un tribunal estadounidense que procediese al decomiso de la aeronave comprada por la empresa venezolana ante la supuesta “violación de las leyes de exportación de los Estados Unidos”.
El avión fue comprado por la empresa estatal venezolana Conviasa a la compañía iraní Mahan Air.
De acuerdo con una legislación interna estadounidense, los aviones propiedad de la nación persa no podrían circular sin violar la política antiterrorista de Washington, pese a lo cual la aeronave realizó vuelos comerciales a Irán, Medio Oriente y Rusia.
La decisión judicial establece, entre otra cosas, “dictar sentencia en rebeldía contra la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur S.A. y todas las personas o entidades que reclamen un interés en la propiedad demandada”.
El dictamen judicial ordena asimismo “la confiscación de la propiedad demandada (Aeronave Boeing 747-300 con número de cola YV-3531 y número de serie de fabricante 23413) a los Estados Unidos Unidos de América y que ningún derecho, título o interés en la propiedad existirá en ninguna otra parte”.
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Otro despojo
Adicional a la decisión del juez Moss, Estados Unidos cometió otro despojo a Venezuela, esta vez a través del Departamento de Estado, que autorizó a la exdiputada Dinorah Figuera a tener acceso a cuentas bancarias por el orden de los 347 millones de dólares de Venezuela congelados en bancos de la nación norteamericana, de acuerdo con información de medios especializados, citando a personas con conocimiento directo del asunto.
Según las fuentes, en las últimas semanas, el Departamento de Estado certificó a los “funcionarios” de la oposición para “recuperar el acceso” a dichos recursos.
Se trata de fondos que maneja la oposición desde 2019 -año en que Juan Guaidó se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela-, pero a los cuales dicho sector político no había podido acceder tras el fin del supuesto “interinato”.
Con información de Globovisión
