El fallo indica que el gobierno federal debe mantener parcialmente el programa que protege a unos 800,000 dreamers en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado el pasado mes de septiembre por el gobierno de Trump.
Un juez federal falló este martes en contra de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar la Acción Diferida de 2012 ( DACA), programa que durante cinco años amparó de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron al país cuando eran niños.
La orden indica que el gobierno federal debe mantener el programa en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado el pasado mes de septiembre por el gobierno de Trump.
El juez de distrito en la ciudad de San Francisco, William Alsup, dictaminó que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de una demanda presentada en noviembre del año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland.
Alsup determinó que la cancelación de DACA fue una medida “arbitraria y caprichosa”.
La orden pide “mantener el programa DACA a nivel nacional” para sus beneficiarios, con la excepción de aquellos que presentaron aplicaciones nuevas, pero que nunca habían recibido el beneficio.
Sin embargo, la orden no le impide a las autoridades migratorias deportar a aquellos beneficiados que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Ezequiel Hernández, abogado especializado en asuntos migratorios, aclaró a Univision Noticias que la decisión del juez solo ampara a quienes estaban inscritos en el programa y perdieron sus beneficios con la orden ejecutiva de Trump, no a nuevos solicitantes.
“Para evitar fraudes tras la orden del juez, no hay ninguna posibilidad de beneficiarse del programa si antes la persona no había aplicado”, precisó el abogado.
Hernández subraya que se trata de una suspensión temporal y si el presidente apela la decisión a través del Departamento de Justicia habría que esperar a ver qué acuerdan las instancias superiores.
DACA fue anunciado el 15 de junio de 2012 por la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano.
La Casa Blanca de Barack Obama dijo en esa ocasión que el presidente había tomado la medida en respuesta a la inacción del Congreso con la reforma migratoria para legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados. El programa entró en vigor el 15 de agosto de ese año.
Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Donald Trump prometió que cancelaría todas las acciones ejecutivas migratorias de Obama, las que consideró inconstitucionales, entre ellas DACA.
DACA fue cancelado por el gobierno de Trump el pasado 5 de septiembre, dejando al borde de la deportación a los miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres, y que recibieron el beneficio migratorio durante el gobierno de Obama.
El 5 de septiembre, ocho meses después de llegar a la Casa Blanca, el secretario de justicia, Jeff Sessions, anunció la cancelación del beneficio migratorio y otorgó una última prórroga de dos años para todos aquellos dreamers cuyos permisos de trabajo vencerían entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que unos 154,000 jóvenes calificaron para esta extensión extraordinaria.
Sessions también anunció que el gobierno de Trump dejaba en manos del Congreso la solución del futuro de los dreamers y la Casa Blanca dio plazo hasta el 5 de marzo para aprobar una ley que les otorgue un estatus legal de permanencia.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda en contra del gobierno tras la cancelación de DACA, indicó vía Twitter que el fallo es un “gran paso en la dirección correcta”.
En un comienzo el gobierno de Trump dejó manos libres al Congreso para decidir sobre el tema, pero a las pocas semanas Trump puso como condición para promulgar una ley, incluir fondos para la construcción del muro en la frontera con México, levantar cárceles para encerrar a indocumentados y acelerar las deportaciones.
Este martes, durante una reunión entre el presidente y un grupo de 25 legisladores demócratas y republicanos, el mandatario reiteró su postura y sacó a relucir los puntos principales del proyecto de ley Cotton-Perdue.
Los demócratas han dicho que apoyarán una iniciativa de ley bipartidista, pero sin muro. También señalan que para lograr un acuerdo de legalización de los dreamers ambos partidos deberán ceder en las negociaciones.
Trump, sin embargo, apuesta por un proyecto de ley con sus términos y no está dispuesto a perder ninguna de sus exigencias, según ha reiterado la oficina de prensa de la Casa Blanca.
NB/Agencias.
