Juan Manuel Santos acabó con la guerra entre Colombia y las FARC. Pero el presidente del país andino, que dejará el testigo tras las presidenciales del 27 de mayo, no ha logrado, al menos de momento, recoger los frutos políticos de un acuerdo que le valió el Premio Nobel de la Paz. Ha afrontado un final de mandato complejo, en medio de una división social que desgastó su popularidad, y optó por mantenerse al margen de la contienda electoral, centrándose en la defensa de su legado. Las elecciones legislativas del domingo definirán los nombres de los favoritos para sucederle.
La renovación de la Cámara de Representantes y del Senado es relevante sobre todo por dos razones. Porque aclarará las posibilidades reales de los candidatos a reemplazar al actual mandatario y, en segundo lugar, porque supondrá el ingreso de las FARC en las instituciones. Aunque la antigua guerrilla tiene una aceptación ciudadana muy baja, casi nula, los acuerdos de paz garantizan a sus representantes 10 escaños en el Congreso.
Los dirigentes políticos empezaron a enseñar sus cartas a principios de 2017. Llegaron a postularse alrededor de 50 aspirantes, aunque finalmente esa carrera ha quedado reducida a cuatro o cinco figuras con posibilidades reales. Entonces, el proceso de paz con el grupo insurgente más viejo de América era el principal tema de debate y de división. El Gobierno de Santos consiguió poner fin al conflicto armado después de más de medio siglo, sin embargo, la sociedad colombiana rechazó por la mínima el pacto alcanzado con las FARC en un plebiscito, lo que obligó al Ejecutivo a reformular parcialmente el texto. Enfrente tenía a los sectores más conservadores alentados, sobre todo, por el expresidente Álvaro Uribe.
Mientras tanto, la aplicación de los acuerdos avanzó, aun con retrasos y dificultades. La guerrilla comenzó su tránsito a la vida civil, fundó un partido y se enfrenta ahora a un nítido rechazo social. Los últimos meses de campaña han evidenciado, no obstante, que esa preocupación no es la única ni en estos momentos parece la central. Los colombianos, según la mayoría las encuestas, se inclinan por los candidatos de las opciones más ideológicas del mapa político: Iván Duque, aspirante del Centro Democrático, partido conservador fundado en 2013 por Uribe, y el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, izquierdista antiestablishment.
Mensaje a los aspirantes
En este contexto, ninguno de los principales dirigentes pidió el apoyo explícito de Santos ni él lo exhibió. Hace unas semanas, se dirigió a los aspirantes por carta. “Sin el ánimo de interferir, sino de aportar al debate electoral, escribí una carta a mi sucesor con algunos de los avances logrados y los retos por venir para que sean considerados y discutidos durante la campaña”, señaló el presidente. Dejó claro que a partir de ahora mantendrá una posición discreta. “Tenga la absoluta seguridad de que no voy a interferir para nada en su trabajo”, aseguró en una alusión velada a su antecesor. “Yo ya tuve el inmenso privilegio de gobernar durante ocho años. Ahora es su turno. Si me necesita ahí estaré. Le deseo los mayores éxitos”.
Sobre su principal legado, manifestó: “Entiendo que haya posiciones diversas y críticas al acuerdo de paz. No hay acuerdo perfecto. No puede haberlo, por definición. Pero lo cierto es que logramos parar el desangre, desarmar a la guerrilla más vieja del continente, y son miles de vidas de colombianos que se han salvado gracias al acuerdo. Logramos firmar la paz sin sacrificar nuestro modelo de desarrollo y apegados a la Constitución y al derecho internacional. La democracia colombiana es hoy más incluyente”. Santos llamó también a detener las agresiones contra los candidatos. “Reitero mi llamado a que las campañas políticas se desarrollen dentro del respeto por las diferencias y sin agresiones, y por supuesto sin violencia”, exigió.
El proceso de paz supuso un duro choque con Uribe y contribuyó a su desgaste. Pero los ciudadanos, según los estudios de opinión, están cansados también de la clase política tradicional, están indignados por la corrupción y viven la política como una disputa más general sobre el futuro del país. La transición de Colombia ya está en marcha, aunque la violencia persiste, sobre todo en las zonas rurales, el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no ha terminado y la lucha contra el narcotráfico supondrá uno de los mayores retos del próximo gobernante.
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