Influencer Venezolano Luis Manuel Frío Velásquez muere en prisión para migrantes «Alligator Alcatraz» en EEUU.

«Lo dejaron morir ahí como un perro», denunció su esposa, Rosana Nádoz, en las redes sociales.

Luis Manuel Frío Velásquez, conocido influencer venezolano y animador de eventos automotrices a, falleció en custodia en el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”. Esta prisión, una de las cárceles creadas bajo la política antimigratoria del presidente Donald Trump, es objeto de múltiples denuncias por sus condiciones de hacinamiento, torturas y condiciones extremas.

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La muerte de Frío Velásquez se da en medio de una ola de denuncias de trato degradante y las condiciones inhumanas que enfrentan los migrantes detenidos en este tipo de instalaciones. Esta semana, abogados de migrantes detenidos en esta prisión la describieron como un «centro de concentración» en referencia a los utilizados en la Alemania nazi.

El influencer venezolano, animador de eventos automotrices, Luis Manuel Frío Velásquez, falleció en Alcatraz la recién creada cárcel para migrantes de Donald Trump.

Su pareja denuncia negligencia, presentaba fiebre, dolor en el pecho y no le prestaron atención.

Según el testimonio de su pareja, Rosana Nádoz, Frío Velásquez sufrió fiebre, dolor en el pecho y llagas sin recibir atención médica.

A pesar de haber firmado su deportación voluntaria, no fue liberado ni trasladado, y su estado de salud se deterioró hasta el punto de la muerte. «Lo dejaron morir ahí como un perro», declaró entre sollozos, señalando que Luis Manuel ni siquiera tenía acceso a comida ni condiciones mínimas de higiene.

Luis Manuel Frío Velásquez era conocido por su trabajo como presentador y animador en eventos relacionados con el automovilismo en Venezuela, donde contaba con una comunidad activa de seguidores en redes sociales.

Un mes de Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz, un centro de detención migratoria ubicado en los Everglades de Florida, cumple un mes de funcionamiento bajo fuertes denuncias por abusos y opacidad.

Construido en solo una semana en un aeropuerto abandonado, el lugar ha sido presentado por el gobernador Ron DeSantis como un “hub” de deportaciones y un modelo a replicar, pero desde antes desde su inauguración, miles de activistas se han manifestado en los alrededores y diferentes ciudades de Estados Unidos en denuncia de lo que señalan como un símbolo de violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahora, se han deportado unos 600 migrantes desde la instalación, mientras que organizaciones como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) reportan que al menos 1.000 personas han sido detenidas desde su apertura el 3 de julio. Legisladores demócratas revelaron que el 12 de julio había 750 migrantes recluidos en condiciones de hacinamiento, mantenidos en jaulas, en un centro con capacidad para 2.000 personas, ampliable a 4.000.

La falta de transparencia es una de las principales críticas: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no incluye a Alligator Alcatraz en sus estadísticas oficiales, lo que dificulta el monitoreo independiente. Expertos como Susan B. Long, del proyecto TRAC, denuncian que personas están siendo retenidas sin que aparezcan en registros públicos. El centro opera como nodo clave en una estrategia de deportación acelerada, desde donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realiza vuelos directos o traslada a migrantes a otros estados para su segregación por nacionalidad.

Este modelo está siendo impulsado con fuertes inversiones: ICE recibirá 45.000 millones de dólares hacia 2029, lo que permitiría detener diariamente a 116.000 personas, según el American Immigration Council. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que se negocia con cinco estados republicanos para replicar la experiencia de Florida, que declaró una “emergencia” para justificar la construcción del centro, valorada en 450 millones de dólares.

Ante este escenario, avanzan dos demandas judiciales: una liderada por la ACLU y Americans for Immigrant Justice, que denuncia la ilegalidad del confinamiento masivo y la falta de acceso a la justicia; y otra presentada por ambientalistas como Friends of the Everglades, que cuestionan el impacto ecológico.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur