Para este jueves, desde la capital uruguaya, está previsto que la CIDH elabore un tercer informe sobre Venezuela, que se sumará a los publicados por ese organismo internacional en 2003 y 2009.
La CIDH celebró el martes una conferencia de oficio, en el marco del 165 período de sesiones que se celebra en Montevideo del 23 al 27 de octubre, sobre la situación institucional de Venezuela, cuyo debate estuvo centrado en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el peruano Francisco Eguiguren, encabezó la sesión sobre Venezuela, a la que asistieron miembros de la sociedad civil, por un lado, y representantes del Estado, por el otro.
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro de Justicia y Paz (Cepaj) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) fueron las organizaciones que representaron a la sociedad civil durante la conferencia.
Por su parte, Mariely Valdez, inspectora general de Tribunales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, defendió que en Venezuela el Poder Judicial “goza de independencia, autonomía funcionaria, financiera y administrativa”.
Respecto a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Valdez argumentó que este órgano se encuentra en “desacato” y que debido a su “omisión legislativa” es que la ANC asumió sus facultades, con el aval del TSJ.
Los comisionados de la CIDH presentes en la sesión, José de Jesús Orozco Henríquez y James L. Cavallaro, plantearon a las partes, y sobre todo a los representantes del Estado venezolano, reparos respecto a la separación de poderes en Venezuela, la independencia de los jueces y las facultades de la ANC.
Los datos recabados por la CIDH en la sesión de este jueves servirán como insumo para la elaboración de un tercer informe sobre Venezuela, que se sumará a los publicados por ese organismo internacional en 2003 y 2009.
El tercer informe estará enfocado en la institucionalidad democrática, la violencia y seguridad ciudadana, la libertad de expresión y las afectaciones a los derechos humanos sociales y culturales en Venezuela.
EFE
