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Fiscalía de Perú abre investigación contra presidenta por genocidio tras 40 muertos en protestas

En un mes de manifestaciones la represión ha dejado un total de 40 muertos y más de 600 heridos. El día más letal de las protestas fue el lunes, cuando murieron 18 personas en Juliaca, en la región Puno, fronteriza con Bolivia

La fiscalía peruana informó el martes que investigará a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante las protestas en su contra, que han dejado al menos 40 muertos en un mes.

«La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez», indicó la fiscalía en Twitter.

La indagación es por presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

La investigación incluye también al exjefe de gabinete Pedro Ángulo, y al exministro del Interior, César Cervantes, quienes formaron parte del gobierno de Boluarte entre el 7 y 21 de diciembre de 2022. En ese lapso hubo 22 muertes por la represión de las fuerzas del orden a cargo de policías y militares.

Las protestas se concentran en las zonas andinas de Perú, donde la población pide la renuncia de Boluarte y elecciones presidenciales y legislativas inmediatas.

En un mes de manifestaciones la represión ha dejado un total de 40 muertos y más de 600 heridos. El día más letal de las protestas fue el lunes, cuando murieron 18 personas en Juliaca, en la región Puno, fronteriza con Bolivia.

El epicentro de las protestas es precisamente la región aymara de Puno, donde según el gobierno se produjo una «asonada» de organizaciones radicales de izquierda que intentaron tomar por asalto el aeropuerto de Juliaca.

Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

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