Entre diciembre y enero, la Fiscalía de Perú registra 608 detenciones por las protestas desatadas en todo el país contra la presidencia de Dina Boluarte; jefa de Estado designada por el Congreso tras deponer al presidente Pedro Castillo, esto según el Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público peruano, recoge la prensa del país.
En total, de detenidos, entre los cuales se registra un un menor de edad, ocho están bajo la figura de prisión preventiva, otros 40 bajo la figura de detención preliminar, un grupo de 53 recibió medidas de comparecencia restringida o libertad sujeta a reglas de conducta, mientras que los otros 507 tienen libertad condicional con régimen de presentación.
Vale recordar que, además de la renuncia de Boluarte, las protestas persiguen el cierre del Legislativo, nuevas elecciones que incluyan una constituyente y justicia para quienes han sido asesinados por el Estado.
La nota de prensa de El Comercio señala que sólo en enero 364 fueron detenidos, entre los que se cuentan los 193 que computó la Policía peruana a raíz de la «intervención» de la Universidad de San Marcos, en Lima, durante la unos 300 agentes de la Policía Nacional peruana ingresaran en el campus tras derribar con una tanqueta la puerta número tres del recinto.
Las denuncias aseguran que fueron arrestadas a más de 200 personas, entre estudiantes y manifestantes que llegaron a la capital del país desde provincias del interior, para la ‘Toma de Lima’ del jueves, en el inicio de la movilización bautizada como la ‘Marcha de los cuatro suyos’.
Es relevante recordar que la lista de 193 nombres de la Policía, emitida la tarde del sábado, se difundió luego de que se reportó la liberación de 17 estudiantes que también deberían entrar en el cómputo.
En todo caso 192 de los 193 de la lista de detenidos en la universidad, según la Fiscalía de Perú, tras 24 horas fueron «liberados» al «finalizar las diligencias policiales», asegura en un comunicado la institución, y detalla que quedó «una persona detenida por tener requisitoria (previa)».
El texto refiere el arresto de una mujer embarazada de quien «se dispuso su inmediata libertad», pero su estado de gestación no impidió que fuera arrestada en una incursión señalada como ilegal, incluso por autoridades universitarias. También se admite la denuncia formulada por Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DDHH de Perú Cnddhh quien reportó que los policías detuvieron a esa mujer embarazada, y a una madre con su niña de 8 años y ancianos mayores de 80, así como a varias ciudadanas a quienes obligaron a desnudarse con la excusa de revisarlas.
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También señaló Dador, vocera de la red Cnddhh que aglutina, hace más de 35 años, 78 organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos en Perú, explicó que ni los ancianos ni la menor habían siquiera podido tomar agua durante horas.
Discrepancia de fallecidos
Es importante señalar la discrepancia entre la cifra de fallecidos por la represión policial y militar que denuncian los movimientos sociales, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
Los movimientos sociales y medios internacionales destacan de al menos 62 muertes, pero la Fiscalía que computa «54 personas fallecieron, 46 como consecuencia de las protestas y ocho por los bloqueos de vías», recoge El Comercio, mientras que la Defensoría, en su reporte diario, para el 20 de enero ya registraba «56 fallecidos producto de las protestas y el bloqueo de vías», y el último añadido a la lista, hace cinco días, fue Isidro Arcata Mamani, en Ilave (Puno), y Segundo Sánchez Huaynacari, en Chao (La Libertad).
Es de notar que sólo el fin de semana del 21 y 22 de enero se supo de cuatro nuevos fallecidos en dos provincias del país, dos en la provincia Virú donde ya serían siete los fallecidos, incluida una mujer y su hijo neonato, y otras dos; una en Puno, sur del país, y la otra en La Libertad, al norte de la nación.
En resumidas cuentas, si se suman a los 56 fallecidos que reportaba el 20 de enero la Defensoría del Pueblo peruana los cuatro del fin de semana serían 60 muertes por la represión, mientras que la Fiscalía de ese país señala este lunes 23 de enero sólo 54 decesos en ese contexto. La Fiscalía también señaló, al lunes 23 de enero de 2023, 912 civiles heridos y 580 policías en la misma condición.
Además asegura el Ministerio Público peruano haber abierto 104 investigaciones contra los detenidos en el contexto de las marchas contra Boluarte y denuncia que 26 de sus locales «quedaron afectados. Diez fueron incendiados. Estos actos se registraron en las sedes de Lima, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Madre de Dios y Puno. En esta última región se quemaron locales de otras entidades públicas».
Entretanto, Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial peruano, citado por El Comercio, «informó que 14 sedes judiciales fueron dañadas, siete de ellas terminaron incendiadas».
Dina Boluarte dice que ella es la víctima del odio
Boluarte, llamó este martes a una «tregua nacional» para una mesa de diálogo con una «agenda social», esto a través de un mensaje a la nación desde Lima, en la jornada para la que está convocada la «gran marcha nacional» contra su Gobierno, mientras aseguró ser «víctima» del odio y la venganza, y responsabilizó a Castillo por la violencia y de las manifestaciones en todo el país.
«Como Gobierno nos corresponde resolver los problemas que nunca han sido atendidos, durante décadas, del Perú profundo y de la capital», dijo mientras pedía la «tregua».
Llamó a «abrir las mesas» para fijar agendas por cada región y estudiar las demandas populares. «No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad», exclamó.
Sin embargo, en varias oportunidades los manifestantes denuncian cómo Boluarte, ante la inminencia de la ‘Toma de Lima’ del jueves, que dio inicio a la ‘Marcha de los cuatro suyos», ella los invitó a tomar pacíficaente la capital y a dialogar, pero cuando los manifestantes se acercaron al Legislativo, estalló la más violenta represión contra quienes marchaban.
La repudiada exvicepresidenta de Castillo, al responsabilizarlo a él por la violencia contextualizó acusando al depuesto mandatario de «victimizarse» al denunciar que hubo un golpe de Estado. «Aquí no hay víctima, señor Castillo, aquí hay un país que se está desangrando producto de su irresponsabilidad», dijo.
También señaló que si ella renuncia no se solventaría la crisis. «¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia? ¿Quién asumiría la presidencia de la República?», cuestionó y agregó que ella se irá «cuando hayamos convocado a las elecciones generales».
Con informaciòn de: UN
