Según el informe más reciente de la ATF (2019–2024), el 74 % de las armas recuperadas a criminales en México provienen de EE.UU..
El tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México es un fenómeno de larga data y es señalado por las autoridades mexicanas como claves para el sostenimiento de la violencia narco en buena parte del territorio nacional. Esta situación es señalada una y otra vez por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha convertido este fenómeno en una constante denuncia diplomática.
En sus declaraciones más recientes, la jefa de Estado exigió a Washington asumir la responsabilidad de controlar el tráfico de armas desde su territorio, y detenciones vinculadas al lavado y distribución de droga que ocurren en EE. UU. (sobre fentanil y opioides), con base en el principio de soberanía: “¡No puede hablarse solo de México, porque ¿quién vende y lava el dinero en Estados Unidos?”.
Según el informe más reciente de la ATF (2019–2024), el 74 % de las armas recuperadas a criminales en México provienen de EE. UU. y fueron legales al momento de su primera venta. En 2023 y 2024, Texas aportó el 43 % de las armas rastreadas, Arizona 22 % y California 9 % —es decir, sólo estos tres estados explican casi tres cuartas partes del tráfico documentado—.
El antecedente más destacado es el de agosto de 2021, cuando México presentó una demanda contra 11 empresas armamentísticas estadounidenses. Las sociedades demandadas incluyen a algunos de los fabricantes más poderosos: Smith & Wesson; Fabricación de armas de fuego Barrett; Bereta; Armas Internacionales del Siglo; Compañía de fabricación de Colt; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, entre otros. Las ventas anuales de estas firmas a clientes en México, según el Gobierno mexicano, rebasan las 340.000 armas al año, y esto solo por el curso legal.
En tanto, miles de armas ingresan de manera ilegal desde EE. UU. hacia distintos estados mexicanosa través de 11 rutas principales identificadas por Ministerio de Defensa de México.
Estas rutas concentran el 32 % de todas las armas rastreadas que luego fueron utilizadas por cárteles como el CJNG o el de Sinaloa, y el 82 % de estas armas fueron recuperadas en estados donde esos grupos criminales operan con control territorial consolidado.
México reporta que entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 se incautaron cerca de 5.900 armas de fuego, 31.868 cargadores, más de 1.2 millones de cartuchos y 289 granadas en operaciones fronterizas y rutas internas. Esta carga ofensiva representa una resiliencia estatal que aún no desarticula la red armamentística de los criminales.
Las armas más recuperadas son pistolas semiautomáticas (cerca del 50 % de los rastreos) y rifles semiautomáticos (33 %), seguidas por revólveres (9 %) y escopetas (6 %). Se destaca el creciente uso de armas de fabricación casera (ghost guns) que carecen de número de serie, porque no están sujetas a controles en EE. UU. y son más difíciles de rastrear.
Los cárteles también emplean fusiles de estilo militar (AK-47, AR-15 y variantes), así como ametralladoras de gran calibre (Browning M2 .50, FN M240, FN M249), usadas para confrontaciones violentas y protección de sus rutas, tiendas clandestinas y laboratorios de producción.
Foto: EFE
Estas armas, aunque fabricadas legalmente en EE. UU., giran luego hacia el mercado clandestino. Un análisis independiente sobre más de 133.000 armas rastreadas concluyó que casi 30 % eran de cuatro marcas: Glock, Colt, Smith & Wesson y Beretta, empresas también demandadas por el gobierno mexicano en tribunales de EE. UU. en 2022 por negligencia al permitir ese flujo hacia México.
Investigaciones recientes revelan que las armerías independientes concentran la mayor parte del tráfico: del 83 % de las armas rastreadas originadas en EE. UU., la mayoría provino de tiendas como Zeroed In Armory o CDNN Sports en Texas y Arizona.
Algunas de esas tiendas vendieron cientos de armas acompañadas por cargadores y municiones que fueron vinculadas directamente con cárteles mexicanos e incluso uso en asesinatos en México y EE. UU. Estos comercios legales fueron denunciados públicamente como facilitadores del tráfico (aunque en EE. UU. no se han dictado condenas penales masivas contra ellos).
Según un informe de ASIS y The Trace, el uso de ghost guns, armas de gran calibre robadas o rifles no rastreables, ha crecido, aunque descendió ligeramente en 2023. Sin embargo el problema continúa: la demanda legal y el acceso permanente a fabricantes convierte a EE. UU. en fuente insustituible de armamento letal.
Las autoridades estiman que entre 200.000 y 750.000 armas de fabricación estadounidense ingresan ilegalmente a México cada año, un monto impensable sin infraestructura legal como ATF y armerías habilitadas por licencias federales, que no bloquean las compras que parecen “sospechosas” de ser para contrabando.
Declaraciones y estrategia de la presidenta Sheinbaum
La mandataria ha sido enfática: la cooperación con EE. UU. no implica subordinación, y la soberanía mexicana debe respetarse. Rechazó ofertas de intervención militar estadounidense (como posible envío de tropas de Trump) y reafirmó que cualquier asistencia debe operar desde los límites legales de la Constitución mexicana y con plena coordinación estatal (no unilateral).
Sheinbaum anunció que ampliará la demanda legal contra la industria armamentista estadounidense, y también reformas constitucionales para imponer penas más severas contra traficantes de armas, incluyéndolos entre los delitos sujetos a prisión preventiva y limitación de intervenciones extranjeras no autorizadas por el Estado mexicano.
Adicionalmente, valoró avances concretos: por ejemplo, un importante decomiso de armas y municiones interceptado en Texas —16 armas con rumbo a México— en el Puente Internacional Del Río. Reconoció que la colaboración ha funcionado, al tiempo que advirtió que sin mayor regulación y control, el problema seguirá replicando ciclos de violencia y muerte en México y Estados Unidos.
Estados Unidos finalmente aprobó en junio de 2025 la «ATF Data and Anti-Trafficking Accountability Act», que obliga a publicar anualmente datos desagregados de rastreo de armas, incluyendo los mayores distribuidores y ciudades de recuperación.
Además, el programa Iniciativa Mérida comenzó a financiar capacitación, tecnología de rastreo y operaciones mixtas con México para interceptar rutas de tráfico, aunque su ejecución ha sido limitada y cuestionada por México por falta de resultados contundentes sobre reducción de violencia armada (Gasto previsto: ~74 millones USD, pero impacto percibido modesto).
México, por su lado, desplegó 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, bajo la Operación Frontera, y mantiene canales de coordinación diaria con las autoridades estadounidenses para interceptar armas, dinero y drogas. Sin embargo, reclama que EE. UU. debe asumir su parte del problema, porque muchas operaciones criminales se concretan en territorio estadounidense (la venta y lavado del fentanilo y los recursos económicos derivados).
“Nuestro país también está afectado por ese lado”, señaló este viernes la presidenta mexicana en su conferencia habitual de cada mañana y es una posición que México sostuvo en múltiples reunionescon el gabinete de seguridad estadounidense y el embajador de EE. UU.
Costos en México
La violencia derivada del narcotráfico ha dejado una tasa crónica de homicidios, masacres en pueblos y una población desplazada interna. Aunque la estrategia de Sheinbaum ha logrado reducir homicidios diarios en torno al 25 %, las estructuras violentas permanecen.
El consumo de fentanilo crece en EE. UU., y en México la circulación de armas eleva la intensidad de las balaceras y masacres (como en Guanajuato, Zacatecas y Sinaloa). Las cifras muestran que los grupos criminales tienen acceso a armamento militar moderno, y las víctimas civiles han pagado el precio.
–El 74 % de las armas recuperadas en México provienen de EE. UU., algo reconocido por ambas partes y demostrado por rastreos ATF y reportes oficiales.
-La presidenta Sheinbaum exige responsabilidad y acción del lado estadounidense: no solo México debe ser foco del discurso antidrogas; Estados Unidos debe atender sus propios canales de tráfico y consumo.
-Las rutas de tráfico desde Texas, Arizona y California hacia zonas dominadas por cárteles como Sinaloa o Jalisco son bien identificadas, pero continúan operativas.
-El armamento varía desde pistolas civiles legales hasta fusiles de gran calibre, rifles automáticos y ghost guns, usados en ataques directos y enfrentamientos.
-Aunque hay cooperación institucional (vías bilaterales, Iniciativa Mérida, intercambio de información), aún no se frena el flujo: México considera que Estados Unidos no aplica suficiente regulación ni sanitización del mercado interno.
-La exigencia política de exigibilidad legal y soberanía mexicana (resistiendo presencia militar de EE. UU.) marca una nueva etapa de diálogo bilateral.
Hender «Vivo» González
Con información de Telesur
