Después de unos meses de relación, Nikki Rettelle, una mujer estadounidense de 35 años, descubrió que su novio había violado su privacidad de la manera más absoluta: instaló cámaras en su casa para grabarla a escondidas y tenía decenas de tarjetas de memoria con fotos y videos de ella viendo televisión, descansando y, a menudo, desnuda.

Aunque se alejó, meses después se enteró de que su expareja creó perfiles falsos de ella en redes sociales, diseñó dos sitios web dedicados exclusivamente a alojar los contenidos más íntimos, envió correos y mensajes con esas imágenes a su familia y amigos, hackeó su computador, sobrepuso su rostro a fotos de cuerpos desnudos y acompañó todo con su información personal: nombre completo, lugar de trabajo, correo y dirección.

Por tres años, se mantuvo encerrada, con miedo, sola y sin pedir ayuda. Cualquier persona que buscara su nombre en Google se encontraría con sus desnudos. Familiares y amigos la juzgaron y, asegura, el tema llegó a afectar, incluso, entrevistas de trabajo.

No encontré ninguna ayuda de la sociedad y no sabía la existencia de este problema hasta que comencé a experimentarlo

“No encontré ninguna ayuda de la sociedad y no sabía la existencia de este problema hasta que comencé a experimentarlo”, contó Rettelle en entrevista con EL TIEMPO.

Nikki fue víctima de un flagelo que, aunque es conocido como ‘porno de venganza’, alude en realidad a la distribución de imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento. Numerosas voces han alegado que el uso de la expresión ‘porno’ abre huecos legales en jurisdicciones en las que la pornografía es legal. A su vez, ‘venganza’ sugiere una retaliación y desplaza la culpa, al menos en parte, hacia la víctima.

Ya sea que se hayan empleado cámaras ocultas o hackeado teléfonos o cuentas de correo, o que se trate de imágenes capturadas consensualmente en el contexto de una relación íntima, la Organización de Derechos Civiles Cibernéticos (CCRI por sus siglas en inglés) considera que se trata de una conducta delictiva. En otras palabras, el consentimiento a la hora de ‘hacer’ las imágenes no cuenta, si no se consintió su publicación. 

El concepto también está ligado con la sextorsión, una modalidad de chantaje que consiste en amenazar con publicar fotos eróticas que fueron previamente compartidas, a menudo mediante ‘sexting’ (envío de contenido sexual mediante dispositivos móviles).

Tendencia en aumento

Los registros de casos de distribución no autorizada de imágenes sexuales están en auge. En Colombia, entre 2014 y 2016, la Policía recibió 345 reportes de denuncias a través del Centro Cibernético Policial, CAI Virtual. Solo en lo que va de 2017 se han registrado 110 casos.

Las redes sociales también han influido en aumentar la tendencia. En enero de este año, Facebook tuvo que evaluar casi 54.000 casos potenciales de este fenómeno y desactivó más de 14.000 cuentas relacionadas con este tipo de abuso, según una investigación publicada por el diario ‘The Guardian’.

Johana Rodríguez, una joven bogotana de 26 años que en 2011 fue víctima de este flagelo, creó una página en esta red social llamada ‘Ayúdanos a Detener el Porno Vengativo’.

“Quería decirles a otras víctimas que también me pasó y que estoy viva. Muchas personas se han querido quitar la vida, y el acompañamiento emocional es muy importante”, cuenta.

La que era mi mejor amiga hackeó mi correo, descargó esos contenidos íntimos y se los envió a todos mis contactos masculinos

Rodríguez tuvo ver en internet contenido íntimo que había hecho con quien entonces era su novio. “La que era mi mejor amiga hackeó mi correo, descargó esos contenidos íntimos y se los envió a todos mis contactos masculinos. Después los publicó en la red para que se hicieran virales. Hoy en día todavía hay gente que me envía el video por Facebook, muchos lo guardaron en su computador”, añade.

‘Eso le pasa por hacer videos’

“¿Quién la mandó?”, “Simplemente no lo haga”. Estas son algunas de las frases que enfrentan en muchas ocasiones las víctimas que cuentan sus casos. Aunque es cierto que los expertos en seguridad informática recomiendan no generar ese tipo de contenidos y tomar medidas de seguridad en los dispositivos para evitar posibles extorsiones, quienes ya vivieron la problemática consideran que dichas apreciaciones también pueden ser una forma de revictimización.

“No es pedir que no se haga, es decirle a la gente que no comparta imágenes cuya publicación no sea autorizada. En vez de echarle la culpa a la víctima, es advertirles a otros que moralmente no pueden jugar con la intimidad de las personas. Es informar y reeducar; si nos ponemos a prohibir, no funcionará”, dice Rodríguez.

Rettelle agrega: “Los seres humanos somos animales sexuales por naturaleza, así que es normal compartir intimidad si tenemos la tecnología para hacerlo; tenemos el derecho a expresarnos y no deberíamos estar avergonzados”. Para ella, la solución está en alertar sobre la existencia de este problema a la sociedad “porque entre más personas sepan habrá más conciencia, se sabrá cómo reaccionar y se estará más del lado de las leyes”. 

El problema, según explica Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática de Eset Latinoamérica, es que los usuarios nunca van a tener el control. “Una vez se sube deja de ser tuyo”, señala. El experto añade, sin embargo, que las víctimas tienen la opción de solicitar que el contenido sea eliminado. “Dependiendo de en qué servidor esté alojado, uno puede entrar en contacto con el ‘webmaster’ o administrador del sitio; se completan formularios para hacer la denuncia, constatan que la foto le pertenece y después se da de baja”. Aclara, eso sí, que es muy difícil borrar del todo un contenido que se hizo viral.

John Jairo Echeverry, director de Servicios Forenses de la compañía de seguridad de la información Adalid, dice que “es necesaria la colaboración de las redes sociales para obtener información que permita identificar a los responsables de la publicación y hacer que caiga sobre ellos el peso de la ley.

La Ley 1273 de 2009 castiga el mal uso de este tipo de contenidos. Según el artículo 269F, que hace referencia a la violación de datos personales, quien divulgue este tipo de información incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo que debe hacer si es víctima

La abogada especializada en internet Rosalía de la Cruz, miembro del movimiento Voluntad Digital de España, señala que lo primero que se debe hacer es consultar con un profesional que pueda valorar la situación desde un punto de vista jurídico. “Es esencial que no se elimine la información ni se ceda a posibles chantajes sin consultar con un profesional o acudir a la policía”, dice.

Los expertos recomiendan recolectar todas las evidencias que demuestren que se presenta una violación a la intimidad: desde capturas de pantalla de las imágenes en internet hasta las pruebas de mensajes intimidatorios. “Hay que demostrar que las fotografías con contenidos sexuales han sido empleadas para generar constreñimiento o han generado alguna extorsión, así como su publicación a través de diferentes redes sociales o servicios de mensajería como WhatsApp”, explica Echeverry.

Información de: El Tiempo