El presidente estadounidense Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impedir que los migrantes irregulares y aquellos que no cumplan con los requisitos necesarios reciban los beneficios de la Ley de Seguridad Social, incluidos el seguro de desempleo y el seguro de discapacidad, Medicare, entre otros.
«Los principios de [una] buena Administración exigen que los beneficios financiados por los contribuyentes se proporcionen solo a las personas elegibles y no alienten ni recompensen la migración [irregular] a Estados Unidos», dice el documento dado a conocer por la Casa Blanca.
En ese sentido, el texto presidencial ordena a la secretaria del Departamento de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, y al de Salud, Robert F. Kennedy Jr., así como al comisionado del Seguro Social, Martin O’Malley, «tomar todas las medidas razonables (…) para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas».
Entre las medidas, precisa la orden, los funcionarios deben emprender «acciones de cumplimiento civil o administrativo contra los estados, localidades u otros beneficiarios o sub-beneficiarios similares que no tomen las medidas adecuadas para verificar la elegibilidad». El documento también establece que la fiscal general, Pam Bondi, y el comisionado O’Malley deben ampliar el programa de fiscales generales especializados en fraude, y ha asignado fiscales a al menos 50 dependencias antes de octubre de este año.
Ambos funcionarios tendrán la responsabilidad de establecer un programa similar en relación con Medicare y Medicaid, donde operan en al menos 15 fiscalías para la misma fecha. Asimismo, el memorándum instruye al comisionado del Seguro Social a adoptar medidas derivadas de un informe que supuestamente identificó falta de registros de defunciones en el Sistema de Administración del Seguro Social. Se trata de la auditoría A-06-21-51022, que detectó pagos indebidos y actividades ilícitas.
Además, ordena remitir al inspector general de la Administración del Seguro Social los casos en los que personas de 100 años o más registren ingresos que no coincidan con sus datos, pues esto podría indicar fraude o robo de identidad. Será el comisionado quien revise si es posible aplicar sanciones pecuniarias civiles, de acuerdo con el artículo 1229 de la Ley del Seguro Social. El texto precisa que la implementación de esta orden se realizará conforme a las leyes aplicables, sin modificar la autoridad legal de agencias.
Carla Martínez / Con información de VTV
