La construcción de un cerco perimetral en un terreno adquirido legalmente por la señora Zaida Coromoto Álvarez en 2014, ha desatado una ola de violencia por parte de dos familias adyacentes, quienes exigen una servidumbre de paso a través de la propiedad. Los hechos, que tuvieron su punto álgido el pasado viernes 27 de junio, incluyeron el derribo de la pared recién levantada, agresiones físicas a cuatro personas y amenazas de muerte contra la propietaria en su residencia del Barrio Las Clavellinas, sector 3, final del callejón Siempre Viva en la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren.
Zaida Coromoto Álvarez, quien adquirió el terreno a la Alcaldía del municipio Iribarren y obtuvo el permiso de construcción en 2024, inició las obras del cerco el viernes pasado. Sin embargo, la acción fue confrontada de inmediato por las familias vecinas, ubicadas detrás de su propiedad, quienes reclaman un acceso a sus viviendas a través del terreno de Álvarez.
Inicialmente, los vecinos solicitaron un paso de 1,20 metros, luego aumentaron su demanda a 1,50 metros y, más recientemente, a 2,00 metros. Según la Abg. Endy Peña, representante legal de la Sra. Álvarez, la actitud de los vecinos se tornó «sumamente agresiva» el viernes 27 de junio. «Lo que quieren es violencia», afirmó Peña, quien enfatizó que la Sra. Álvarez posee todos los documentos y permisos en regla.
La situación escaló drásticamente el viernes cuando, apenas construida la pared, esta fue derribada con una mandarria. La Abg. Peña denunció que, además de los destrozos, las personas «de manera violenta» lesionaron a cuatro individuos que acompañaban a la Sra. Álvarez, también vecinos de la zona.
Uno de los incidentes más graves fue la agresión a una joven: «Reventaron el portón de la casa, sacaron a la muchacha y la golpearon salvajemente con los restos de los bloques de la pared que habían reventado previamente», relató Peña. La víctima requirió seis puntos de sutura en la cabeza. Este caso ya está siendo tramitado como un procedimiento ordinario por el Ministerio Público. La abogada también señaló con preocupación que los agresores estuvieron acompañados por un grupo de adolescentes menores de edad, quienes también participaron en las golpizas.
En medio de la disputa, los vecinos colocaron un cartel con la leyenda «Alcaldía corrupta», alegando que la municipalidad apoya a la Sra. Álvarez por supuestos pagos. La Abg. Peña desmintió rotundamente estas acusaciones: «En ningún momento ellos se prestaron para ningún tipo de corrupción, nosotros estamos trabajando realmente apegado a la ley».
La Sra. Zaida Coromoto Álvarez, visiblemente afectada y desesperada, hizo un llamado urgente al Fiscal General Tarek William Saab. «Estoy desesperada, me han amenazado de muerte y me tumbaron la pared, yo pido ayuda, me siento nerviosa», expresó. Álvarez manifestó que solo cuenta con el apoyo de algunos vecinos, a quienes considera su familia y que resultaron agredidos.
La propietaria del terreno reveló la magnitud de las amenazas: «Esa misma familia que me tumbó la pared me amenazó que si la volvía a hacer me la iban a tumbar nuevamente. Me amenazan de muerte, que me van a matar y a meter en una bolsa y me iban a quemar la casa».
Álvarez relató con angustia cómo las mujeres de las familias agresoras «violentaron la puerta de mi casa, sacaron a mis vecinas que son como mi familia y las agredieron», mientras gritaban «Saquen a esa vieja que la queremos matar». «Ellos quieren en violencia», concluyó.
La Abg. Peña espera que se «de celeridad al asunto» y que los agresores «deben ser imputados por estos hechos que cometieron». Subrayó la responsabilidad de los atacantes por los daños a la pared y las lesiones a las víctimas, haciendo énfasis en la participación de adolescentes en los actos violentos.
Es imperativo que el Ministerio Público, los organismos de seguridad ciudadana y la Alcaldía del municipio Iribarren actúen con la mayor celeridad y contundencia. Es fundamental que la justicia prevalezca y que casos como este no queden impunes, enviando un mensaje claro de que en nuestro país la ley se respeta y la propiedad privada se defiende.
Carla Martínez / Noticias Barquisimeto
