Desde hace más de medio siglo, cuando el mundo “mágico” de Disney estaba en vías de desarrollo en Florida, dicho estado de EE.UU. le concedió a la empresa una “condición especial” de gobierno propio.
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Sobre su territorio, que comprende unos 100 kilómetros cuadrados, la compañía tiene los mismos poderes que cualquier otro condado floridiano.
Cuántos impuestos se cobran, cómo se invierten, la seguridad y hasta la dirección de dos ciudades son decisión de Walt Disney World Resort.
El área, donde están construidos los parques temáticos, hoteles y demás instalaciones recreativas de la empresa, se llama The Reedy Creek Improvement District (RCID) o “distrito de impuestos especiales”.
Sin embargo, este “estatus especial” está amenazado tras una serie de choques entre la compañía y el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.
Los ejecutivos de Disney han mostrado oposición a una controvertida ley aprobada en Florida que prohíbe hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias.
Bautizada por sus críticos como la ley Don’t Say Gay(“No digas gay”), la medida permite que padres presenten demandas contra los distritos escolares si algún educador viola sus disposiciones.
¿Por qué fue creado el RCID?
A mediados de la década de 1960, luego de la popularidad alcanzada por Disneyland en California, el creador de este imperio del entretenimiento, Walt Disney, comenzó la planificación de un segundo parque temático, pero esta vez en la costa este del país.
En ese entonces, el centro de Florida, donde se ubican los condados de Orange y Osceola, estaba en pleno desarrollo, con la construcción de nuevas carreteras y una gran autopista cercanas a un aeropuerto.
¿Cómo funciona el RCID?
El distrito especial está compuesto por los parques temáticos y las ciudades Lake Buena Vista y Bay Lake. Dentro de sus límites hay 19 “dueños de terreno”, entre los que se encuentran Disney y sus subsidiarias.
La compañía debe encargarse de asuntos tan diversos como la generación y distribución de energía, reglamentar los códigos de construcción, así como la policía, emergencias médicas y los bomberos.
El RCID financia sus operaciones mediante impuestos, tarifas a propietarios y arrendatarios, los ingresos por los servicios públicos y la emisión de bonos.
¿Por qué es amenazado por DeSantis?
La ley “Don’t Say Gay” fue propuesta por la mayoría republicana de la legislatura estatal y firmada por DeSantis el pasado 28 de marzo.
Disney, presionada por sus empleados, que realizaron protestas mientras el proyecto era discutido y enviaron cartas a sus directivos, anunció que retirará los donativos políticos al Partido Republicano en la Florida.
También expresó que su meta como empresa es que la legislación sea revocada o derrotada en las cortes.
“Nuestros empleados ven el poder de esta gran compañía como una oportunidad para hacer el bien. Yo estoy de acuerdo”, dijo el CEO de Disney, Bob Chapek.
Chapek, además, se disculpó porque en un principio la empresa evitó expresarse sobre el proyecto.
DeSantis afirmó el martes en conferencia de prensa que enmendaría la agenda para incluir la propuesta contra Disney.
“Anuncio que estamos ampliando la convocatoria de lo que van a considerar esta semana”, sostuvo.
“Sí, considerarán los mapas congresionales, pero también considerarán la terminación de todos los distritos especiales que se promulgaron en Florida antes de 1968, y eso incluye el Reedy Creek”, agregó.
La propuesta de ley podría ser aprobada el viernes, adelantaron miembros del legislativo estatal, y la derogación del RCID ocurriría en junio de 2023.
¿Qué pasaría si se revierte el RCID?
Por su parte, Jenniffer Bradley, senadora estatal del Partido Republicano y quien apoya la pieza legislativa, comentó el martes a varios medios que los distritos de impuestos especiales tendrán que ceder sus poderes a los condados en los que se encuentran sus territorios si se aprueba la propuesta.
Tendrán la oportunidad de cabildear ante la legislatura para que la decisión sea revertida.
No obstante, ni DeSantis ni los legisladores han ofrecido más detalles sobre lo que sucedería si culminara el estatus de RCID.
De acuerdo con medios estadounidenses, los gobiernos locales en donde operan tendrían que asumir los gastos de infraestructura, lo que en el caso de Disney representa miles de millones de dólares.
También supondría un reto administrativo y regulatorio por la realidad de la empresa como un área turística que recibe millones de visitantes anualmente.
El impacto que tendría para la compañía, que emplea a unas 70.000 personas, tampoco es claro.
Al momento, los condados de Osceola y Orage no han emitido opiniones sobre la iniciativa, tampoco Walt Disney World.
Con información de: BCC
