“Este acto nos pone ante la degradación e irrespeto de la dignidad y los derechos humanos atinentes a cualquier persona”, dijo la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) calificó hoy (18.01.2018) de “horrible masacre” la operación de comandos militares en la que murieron siete miembros del grupo rebelde encabezado por el expolicía Óscar Pérez (foto).

“(La CEV denuncia) la horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares, el 15 de enero, en la que perdieron la vida un grupo de personas en la búsqueda de Oscar Pérez.

Pérez y las otras seis personas, que son calificados de “terroristas” por el Gobierno, murieron el lunes durante un operativo policial en el que se dispararon contra la casa en la localidad de El Junquito, cerca de Caracas, en la que habían sido encontrados una gran cantidad de tiros y se llegó a utilizar un lanzagranadas.

Fallas en el procedimiento

“Existen una serie de evidencias que requieren ser investigadas y explicadas razonablemente a los familiares y a toda la comunidad venezolana”, agregó el texto. “Entre ellas la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento, la utilización de grupos civiles armados”.

“El audio y el video difundido por las redes sociales generan perplejidad que requieren ser aclaradas”, señaló la CEV. La entidad exigió al Estado que los hechos sean investigados con la mayor prontitud y objetividad, con la participación de todas las instancias públicas competentes.

Antes de ser abatido, el grupo de Pérez publicó en las redes sociales una serie de vídeos en los que se veía al inspector tratando de negociar una entrega pacífica y con garantías ante los agentes.

Presiones para cremar restos de sublevados

Por otra parte, parlamentarios de la oposición venezolana denunciaron que las autoridades han presionado a familiares de Pérez y de los otros seis integrantes para que autoricen la cremación de sus cadáveres.

“Hablé con familiares que están allá adentro, con la mamá de Daniel Soto, y me dijo que no les querían entregar los cuerpos para hacerles el reconocimiento post-mortem porque estaban descompuestos”, dijo a Efe por teléfono el diputado Winston Flores, de la comisión del Parlamento de mayoría opositora que investiga lo ocurrido. Para Flores, “es una excusa más” de las autoridades para no mostrar cómo quedaron los cuerpos.

Según el diputado, familiares de Pérez y de su compañero de alzamiento José Díaz Pimentel les contaron que un alto cargo del Ministerio de Interior les pidió “que firmaran la autorización para cremarlos” porque “era más fácil hacer ese procedimiento”.

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