Los acreedores de bonos, tanto de la República como de Pdvsa, adelantan negociaciones para unificar los reclamos relacionados con el impago de dichos papeles en los que ha incurrido Venezuela, e impedir así acciones individuales de algunos de los tenedores afectados.
Esto se desprende del comunicado emitido por el Comité de Acreedores de Venezuela este lunes, en el que cuantifican el monto de lo adeudado en $4.000 millones entre títulos de Pdvsa y de la República.
Según se afirma en el pronunciamiento “el Comité se compromete a tratar de resolver los problemas de deuda de Venezuela de una manera que asegure un trato justo a todos los acreedores de igual rango”.
Este grupo de inversores reúne el 13% del total de los bonos adeudados, cuyos recursos no han sido desembolsados por el país para sufragar el pago de amortización de capital o intereses por ellos generados.
Consideran los miembros de este Comité, que se debe organizar una acción colectiva y no individual para tratar de alcanzar la cancelación de los recursos pendientes y así evitar “acciones legales disruptivas y costosas alrededor del mundo en busca de reclamos diseñados para beneficiar a ciertos acreedores a expensa de ellos”.
Especificaron que no respaldarán plan de reestructuración alguno que no contemple un trato equitativo con todos los acreedores.
No obstante, según destaca un reporte de la agencia informativa Reuters, “la mayoría de los observadores del mercado coinciden en que los tenedores de bonos no iniciarán pronto reclamos legales”, aprecian.
–Las sanciones financieras estadounidenses hacen casi imposible la reestructuración de la deuda de Venezuela. Además, el enfoque desordenado de Maduro en materia de política económica hace que muchos tenedores de bonos crean que no sería capaz de llevar a cabo una negociación seria de la deuda.
Mark Walker, director gerente de Millstein & Co, asesor del Comité, afirmó que el abordaje colectivo de la situación será beneficiosa para los involucrados.
“Nuestro enfoque hará el proceso más corto y menos costoso (…) La acción concertada y colectiva es el estándar de oro”, apuntó el asesor.
El comunicado advierte que tanto la Nación como Pdvsa deberán responder por las alícuotas procesales que generen las acciones que se adelantan.
“El Comité desea poner en aviso a (Venezuela y Pdvsa) que los hará responsables de todos los costos y gastos incurridos en la investigación de todos los incumplimientos y la búsqueda de todas y cada una de las soluciones disponibles”, enfatizan en el documento.
Es importante recordar que en noviembre de 2017 el Gobierno llamó a representantes de 414 acreedores para conversar sobre la renegociación y reestructuración de la deuda. En febrero de este año, el presidente Maduro dijo que el proceso avanza positivamente.
El UNiversal
