El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador convocó este miércoles de manera oficial a las elecciones generales anticipadas, que se celebrarán el 20 de agosto próximo, para elegir a presidente y vicepresidente, y renovar la Asamblea Nacional (AN, Congreso unicameral).
En cadena nacional, el ente emitió un video en el cual recordó que tras la emisión por parte del poder Ejecutivo del decreto 741, que disolvió la AN por grave crisis política y de conmoción interna, “se notificó al CNE para que convoque a elecciones dentro del plazo de siete días”.
“En este contexto, el CNE convoca a todos los ciudadanos ecuatorianos (…) a participar en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023”, para elegir a un presidente y vicepresidente, y 137 representantes del parlamento, señaló el video del poder Electoral.
Explicó que los candidatos que resulten elegidos estarán en funciones hasta mayo del año 2025, fecha en la que debieron haber concluido sus respectivos mandatos de cuatro años el presidente Guillermo Lasso y los miembros de la AN.
De acuerdo con el calendario electoral dado a conocer la noche de este miércoles, el periodo de registro de candidaturas será del 28 de mayo al 10 de junio próximo.
La campaña electoral sólo durará diez días, del 8 al 17 de agosto. El día 13 de agosto se llevará a cabo un debate obligatorio entre los aspirantes a la primera magistratura del país.
La Ley Electoral ecuatoriana precisa que para que un candidato obtenga la presidencia en la primera vuelta, debe obtener al menos el 40 por ciento de votos más una ventaja de 10 puntos porcentuales respecto a quien quede en segundo lugar.
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De no darse este escenario, el CNE convocará a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que obtengan más votos, para el 15 de octubre siguiente.
Lasso emitió el pasado 17 de mayo el decreto 741, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, mediante el cual disolvió a la AN y convocó a nuevas elecciones generales, en lo que en el país suramericano se conoce como “muerte cruzada”.
De esta manera el actual mandatario, que gobernará bajo decreto los próximos seis meses con la observancia de la Corte Constitucional, evitó su destitución mediante un juicio político en su contra que se llevaba a cabo en el parlamento, acusado del presunto delito de peculado.
Fuente: teleSUR
